El Supremo ordena a la Guardia Civil que registre el despacho del fiscal general del Estado

Una unidad de la Guardia Civil se ha personado este miércoles en la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE), según ha podido confirmar El Debate en primicia, para registrar el despacho institucional de Álvaro García Ortiz, imputado en el Supremo por un presunto delito de revelación de secretos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador.

Los agentes judiciales, autorizados por el magistrado instructor designado por el Alto Tribunal, el juez Ángel Hurtado, han acudido al despacho de García Ortiz con el objetivo de incautarse de todos sus dispositivos electrónicos, requeridos en el marco de unas pesquisas que ha sido declaradas bajo secreto de sumario.

Cabe recordar cómo una de las cuestiones clave en la causa que se sigue contra el titular del Ministerio Público, tal y como publicó este diario en exclusiva, es el hecho de que García Ortiz solicitase a sus subordinados, de acuerdo con el esquema jerárquico que rige la institución, que toda la información vinculada con los correos intercambiados entre el fiscal Julián Salto y el abogado de la pareja de la presidenta madrileña, se dirigiesen a su mail particular. Un correo con la extensión @gmail.com que, por lo tanto, escapaba de los controles de seguridad y de los filtros previstos para las cuentas oficiales.

Por ello, los abogados de González Amador instaron, hace una semana, al instructor del Supremo a que reclamase a Google España el contenido de todas las comunicaciones recibidas y enviadas por el fiscal general desde dicho mail, en el período de tiempo comprendido entre los días 5 y 18 de marzo de 2024. En especial, aquellas comunicaciones en las que constase el siguiente contenido: "Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Alberto González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública)'».

Unas diligencias que, ahora, ha aceptado el juez Hurtado quien, además, y con el objetivo de preservar el buen fin de las averiguaciones, ha decretado el secreto de las actuaciones que se seguirán en el marco del procedimiento iniciado por un presunto delito de revelación de secretos.

Es la primera vez, en la historia de la democracia, que se investiga a un fiscal general del Estado por su supuesta responsabilidad en la comisión de un delito directamente derivado del ejercicio de su cargo y la primera, también en que se ordena una actuación policial en la sede de la Fiscalía contra su máximo responsable que, en España, está llamado a la defensa de la legalidad en la Administración de Justicia.

Tal y como declaró el Alto Tribunal, en el auto de admisión de su competencia para hacerse cargo del asunto, dada la condición de aforado del fiscal general, resultará clave determinar si con anterioridad a la publicación de los datos confidenciales del novio de Díaz Ayuso, en la nota de prensa de la Fiscalía de Madrid, se produjeron filtraciones desde la institución a los medios de comunicación que se hicieron eco de los mismos, horas antes del comunicado oficial y, por lo tanto, incumpliendo el deber de custodia que, de manera especial, obliga a los miembros del Ministerio Público en los asuntos relacionados con los pactos de conformidad.