La imputación de García Ortiz provoca un cisma en la Fiscalía y llevará al Supremo a investigar su mail personal

La imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no por sospechada ha resultado menos escandalosa y dañina para el maltrecho prestigio de una institución que se ha resentido, en no pocas ocasiones, durante su mandato. Hasta el momento, había trascendido que el titular del Ministerio Público, fue quien, haciendo uso de su posición y ascendencia jerárquica en la Institución, dio la «orden directa», a la Fiscalía de Madrid, de publicar una nota de prensa con datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Ahora, además, a partir del auto con el que el Supremo asume la causa contra García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, se suma el hecho de que cuando el fiscal general del Estado dio dicha orden, ya tenía en su poder todos los mails cruzados entre el abogado del empresario madrileño Alberto González Amador con el fiscal Julián Salto, por entonces asignado a la causa penal que todavía pesa sobre el empresario por supuesto fraude tributario.

Y, lo que es todavía más grave, que como publicó El Debate en exclusiva: García Ortiz recibió las comunicaciones en su correo personal –una cuenta con extensión gmail de Google– procedentes de la fiscal provincial Pilar Rodríguez quien, a su vez, se los había pedido por whatsapp y telefónicamente a Salto. Tal fue la insistencia que el fiscal tuvo que salir de un partido de la Champions League del Atlético de Madrid, contra el Inter de Milán, para enviárselos.

La práctica que –además de chocante en un ámbito profesional, vinculado con una negociación par alcanzar un pacto de conformidad– incumplió la Instrucción 1/2022 sobre protección de datos de la Fiscalía de Madrid, dictada por Almudena Lastra, el 22 de junio de 2022, en la que se exigía como «medida a observar respecto de la seguridad de la documentación e información por las Fiscales Jefes»: «Evitar el uso de cuentas privadas de correo electrónico para comunicaciones que contengan información y/o datos personales cuyo tratamiento sea consecuencia del ejercicio de la función pública atribuida al Ministerio Fiscal».

El Supremo ya ha dejado claro que la nota publicada, en sí misma, no es causa del delito de revelación como lo es el hecho de que fuese el fiscal general el autor de la filtración de las conversaciones privadas de las que se hicieron eco varios medios de comunicación, apenas una hora antes de que García Ortiz las hubiese recibido. Luego, la clave de las pesquisas del instructor del Alto Tribunal, el magistrado Ángel Hurtado, será conocer si más allá de la apariencia, el máximo responsable de la institución filtró las mismas.

Cabe recordar que la noche del miércoles 13 de marzo de este mismo año, hacia las 21:00 horas, el fiscal general del Estado pidió a la fiscal Pilar Rodríguez que, a su vez, el fiscal Julián Salto le enviase, de manera inmediata, los correos electrónicos intercambiados con el abogado de la pareja de la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Salto se encontraba en el estadio Civitas Metropolitano asistiendo a un partido de Champions League, cuando recibió la llamada de Rodríguez. Para cumplir con el trámite, Salto tuvo que retirarse y reenviar desde su teléfono móvil el contenido de las comunicaciones.

Una vez en poder de la fiscal jefe de la provincial de Madrid, y según obra en los autos a los que ha tenido acceso El Debate, Rodríguez habría procedido a rebotarle al propio García Ortiz la colección de e-mails que le había facilitado Salto, divididos en tres bloques. Pero, en lugar de hacerlo enviando dichos correos a la cuenta de correo electrónico de la Fiscalía General del Estado y, supuestamente, siguiendo indicaciones del fiscal general, Rodríguez se los envió a una cuenta de correo electrónico ajena a la Fiscalía. Una cuenta de Google gmail privada de García Ortiz en la que la Sala Segunda tendrá que poner la lupa.

Sobre ésta y otras cuestiones relativas a los principios de prueba que el Alto Tribunal ha tenido en cuenta para aceptar su competencia en la instrucción penal abierta sobre el fiscal general, tendrá que dar éste cuentas ante la Junta de Fiscales de Sala, el denominado 'generalato, hoy, a partir de las 09.00 horas; y, desde las 16.00 en adelante, al Consejo Fiscal, su máximo órgano consultivo.

García Ortiz ya ha manifestado, en un comunicado emitido tras conocerse su imputación en el Supremo que va a continuar en su cargo, incluso, con la mayoría de la Carrera en contra. Los fiscales, en cambio, han exigido su «inevitable» dimisión y se muestran profundamente indignados con la idea de que su superior jerárquico siga al frente de una institución sumida en un profundo «descrédito».