García Ortiz contra las cuerdas por la filtración del novio de Ayuso: sus mails personales serán clave en la imputación

La causa penal contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, avanza inexorable en el Supremo. La Sala Segunda ha preguntado este lunes a la Fiscalía y, con ella, a todas las acusaciones personadas en el procedimiento, si debe imputarle por la filtración de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso y la defensa de Alberto González Amador, ya ha respondido en sentido afirmativo.

Además, según ha podido saber El Debate, el letrado que representa al empresario madrileño en este asunto ha requerido al Tribunal para que reclame a García Ortiz varios e-mails contenidos en su cuenta personal, al entender que serán clave en la imputación del todavía máximo titular del Ministerio Público.

No en vano, el pasado mes de julio, este diario ya informó, en exclusiva, cómo cuando el fiscal general del Estado dio la orden de publicar la nota de prensa de la Fiscalía de Madrid –relativa a contenido protegido de la inspección fiscal de González Amador, origen de la primera querella– tenía en su poder todos los mails cruzados entre su abogado con el entonces fiscal asignado al caso, Julián Salto.

García Ortiz los recibió en su correo personal, una cuenta con extensión gmail de Google, procedentes de la fiscal provincial Pilar Rodríguez quien, a su vez, se los había pedido tanto por whatsapp como telefónicamente a Salto quien tuvo que salir de un partido de la Champions League, disputado en el estadio del Atlético de Madrid contra el Inter de Milan, para enviárselos.

Así obra recogido en varios de los documentos y de las transcripciones de los testigos que declararon ante el primer juez instructor de las diligencias, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco José Goyena, durante las pesquisas; y, así lo reflejó éste en el dossier elevado al Supremo para que se hiciese cargo del enjuiciamiento tanto de García Ortiz como de Rodríguez, ambos contra las cuerdas.

Una cuenta privada para no dejar rastro

Según obra en el relato de los hechos investigados, hasta la fecha, y remitidos a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la noche del miércoles 13 de marzo de este mismo año, hacia las 21:00 horas, el fiscal general del Estado pidió a la fiscal Pilar Rodríguez que, a su vez, instase al fiscal Julián Salto para enviarle, de manera inmediata, los correos electrónicos intercambiados con el abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, investigado en un asunto tributario.

Salto se encontraba en el estadio Civitas Metropolitano asistiendo a un partido de fútbol, cuando recibió la llamada de Rodríguez. Para cumplir con el trámite, el fiscal tuvo que retirarse de su asiento y reenviar desde su teléfono móvil el contenido de las comunicaciones.

Una vez éstas en poder de la fiscal jefe de la provincial de Madrid, y según obra en los autos a los que ha tenido acceso El Debate, Rodríguez habría procedido entonces a rebotarle al propio García Ortiz la serie de mails que le había facilitado Salto, divididos en tres bloques. Pero, en lugar de hacerlo enviando los mismos a la cuenta de correo electrónico de la Fiscalía General del Estado y, presuntamente, siguiendo las indicaciones del fiscal general, Rodríguez se los envió a una cuenta de correo electrónico ajena a la Fiscalía. Una cuenta de Google gmail privada de García Ortiz.

Una práctica que –además de «chocante» en un ámbito profesional, vinculado con una negociación par alcanzar un pacto de conformidad– incumpliría la Instrucción 1/2022 sobre protección de datos de la Fiscalía de Madrid, dictada por la responsable autonómica de la misma Almudena Lastra, el 22 de junio de 2022, en la que se exigía como «medida a observar respecto de la seguridad de la documentación e información por las Fiscales Jefes»: «Evitar el uso de cuentas privadas de correo electrónico para comunicaciones que contengan información y/o datos personales cuyo tratamiento sea consecuencia del ejercicio de la función pública atribuida al Ministerio Fiscal».

Hora y media hasta la primera filtración

Tan sólo hora y media después de que la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, recibiese y rebotase la información requerida al fiscal Salto –adscrito a la Unidad de Delincuencia Económica de Anticorrupción–, la Cadena Ser se hizo eco de parte del contenido de los mismos. En concreto, a las 23:51 horas del mismo día 13 de marzo en el que todo se precipitó, la web de la radio recogía en una noticia cómo el novio de Díaz Ayuso había ofreció a la Fiscalía llegar a un pacto declarándose culpable de dos delitos, de fraude fiscal y falsedad documental, para evitar ir a juicio.

Ahora, será el Supremo el encargado de recabar dichas comunicaciones que, en primera instancia, la fiscal Rodríguez se negó a facilitar al instructor Goyena conscientes de que serán la clave del futuro procesal del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Quizás por ello, García Ortiz dejó entrever su malestar con la figura de la acusación popular –en su discurso de apertura del Año Judicial del pasado día 5– que, en su caso, será la responsable de su imputación formal, por un presunto delito de revelación de secretos, ante el Alto Tribunal.