Un whatsapp, un partido de fútbol y el rastro de un word estrechan el cerco sobre García Ortiz en las filtraciones del novio de Ayuso

El juez Francisco José Goyena, encargado de instruir la querella presentada por el novio de Isabel Díaz Ayuso (Alberto González Amador) contra la Fiscalía Provincial de Madrid, por revelación de secretos, ha citado a dos nuevos testigos en la causa, el próximo 13 de junio: la fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra y el jefe de prensa de la institución, Íñigo Corral. El magistrado trata de esclarecer quién dio la orden de emitir una nota de prensa sobre el presunto fraude fiscal de González en la que, presuntamente, se incluyeron datos confidenciales que podrían ser constitutivos de un delito de revelación de secretos, de acuerdo con las diligencias practicadas por el magistrado hasta la fecha.

Unas pesquisas que no han hecho más que estrechar el cerco sobre el fiscal general del Estado –Álvaro García Ortiz– quien, aunque en su momento ya asumió la «responsabilidad última» de lo ocurrido, desde un punto de vista institucional, podría verse implicado penalmente en las próximas semanas. Un mensaje de whatsapp, una llamada a un fiscal en medio de un partido de fútbol y un documento word original, con rastros digitales (metadatos) –que conducirían a la oficina de prensa de la propia Fiscalía General (FGE)– contienen las claves del caso.

Hay que remontarse al día 14 del pasado mes de marzo para recordar cómo lo que en un principio era una investigación ordinaria seguida por el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid contra González Amador –por dos supuestos delitos de fraude fiscal, de 350.951 euros a través de la mercantil Maxwell Cremona, y falsedad en documento mercantil, en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021– se convertía en un nuevo escándalo para la cuestionada cúpula del Ministerio Público. Y es que en pleno desarrollo de la instrucción del posible delito tributario, varios medios de comunicación publicaron detalles sobre el contenido de un aparente pacto de conformidad que el propio fiscal Julián Salto, hoy investigado, habría propuesto a la pareja de Ayuso para evitar una posible pena de prisión.

Ante la avalancha de preguntas y la polémica generada entorno a la noticia, el Ministerio Fiscal decidió emitir un comunicado para desmentir lo contado y asegurar que las cosas habían sido, exactamente, al revés: fue el abogado fiscalista de González Amador, Carlos Neira, quien se interesó por llegar a un acuerdo en dichos términos. Pero para construir el argumentario y recoger, de manera fidedigna, todos los datos que contenía el documento, era necesario disponer de toda información disponible y, para ello, solo habia un camino: que el fiscal Salto facilitase toda la documentación en su poder.

Un partido de fútbol

Según han confirmado fuentes judiciales a El Debate, fue entonces cuando la maquinaria de la Fiscalía General, se puso en marcha para recopilar todas las comunicaciones cruzadas entre el letrado Neira, defensor del novio de Díaz Ayuso, y el fiscal. Había que localizar, como fuera, cualquier texto que acreditase que había sido González Amador quien primero había movido primero ficha.

Así las cosas, en la tarde-noche del 13 de marzo, en que se disputaba el partido de Liga de Campeones entre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán, en la capital, un superior jerárquico todavía por identificar, llamó a Salto para que le enviase de inmediato una copia de todos los mails y mensajes que hubiese cintercambiado on la defensa de González Amador. Ante lo que el fiscal Salto sugirió a su interlocutor elevarlos cuando hubiese terminado el encuento pero, sin embargo, al otro lado se le contestó que «no, ahora». Razón por la que buena parte de los espectadores presentes pudieron ver cómo Salto abandonaba, entonces, su asiento para poder cumplir con la petición de envío urgente de la información.

Cerca de 1 hora y media después, parte del contenido del primer correo incluido en la serie, aparecía publicado en algún medio de comunicación. Una cronología de los hechos que está sirviendo al juez instructor del caso para determinar de quién pudo partir, en origen, la directriz. Y una línea que, en el seno de la Carrera están seguros de que el propio Salto, que decidía personarse en el procedimiento con abogado de parte, en lugar de contar con los servicios de la Abogacía del Estado, corroborará ante el magistrado cuando le cite para interrogarle.

Un whatsapp y una negativa rotunda

Asi las cosas y completada la primera parte del plan, presuntamente urdido en los despachos de la FGE, era necesario recurrir a una cierta estrucutra institucional para divulgar el mismo por los canales oficiales. Y fue entonces cuando la fiscal jefe de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, ahora citada como testigo, «se negó rotundamente» a firmar el documento autorizado por el propio titular del Ministerio Público o que interviniese el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia (TSJM), al que está adscrita su territorial, tras recibir un Whatsapp de García Ortiz en el que se le instaba a intervenir.

Lastra descartó su intervención pero no sin antes solicitar vía mail al titular de la Carrera que dejase constancia, por escrito, de cualquier instrucción sobre el caso que tuviese la obligación de atender en «estricto cumplimiento» de lo previsto en el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Público (EOMF). Y, al igual que en el caso del fiscal Salto, fuentes próximas a la causa han avanzado a El Debate que la jefa del Ministerio Público en la Comunidad de Madrid, está dispuesta a colaborar para que se esclarezca la verdad y, de manera especial, para salvaguardar la credibilidad de los pactos de conformidad que ella misma impulsó durante su etapa como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

A juicio de Almudena Lastra, tanto la cronología de las conversaciones entabladas entre el abogado de la pareja de la presidenta madrileña y la Fiscalía Provincial, como los pormenores de las mismas desvelados en el contenido del comunicado que terminó viendo la luz, eran incompatibles con el deber de «confidencialidad» de las partes en el proceso reglado para alcanzar acuerdos. Una posición de la fiscal que para algunos miembros de la Carrera «prueba la antijuricidad palmaria» de las órdenes emanadas de García Ortiz para la gestión de este asunto, desde el primer momento.

Los metadatos del word original

Los metadatos son los rastros que los documentos creados en un terminal digital (ordenador, tablet, móvil, portátil,...) contienen, o pueden hacerlo, con la identidad de su autor o autores. De manera que cualquier archivo de texto, audio, imagen o vídeo, contiene una serie de etiquetas que lo definen y facilitan detalles básicos sobre el mismo que pueden proporcionar desde el nombre del titular de la licencia asignada al programa con el que se producen, hasta la ubicación GPS desde donde se creó la primera versión o las posteriores, si las hubo.

Y éste es, según ha podido saber El Debate, uno de los últimos elementos que podrían estar apuntando a la responsabilidad directa de la Fiscalía General del Estado en la presunta revelación de secretos sobre Alberto González Amador. Ya que en el caso de la nota de prensa emitida el día 14 de abril sobre la causa tributaria abierta contra el novio de Isabel Díaz Ayuso –y en el comunicado posterior del día 22 del mismo mes en el que se filtró la interposición de un recurso contra la admisión a trámite de la querella presentada por éste, cuando aún no había sido presentado– no se eliminaron las trazas correspondientes al origen y titularidad de sus creadores. Y, al menos, uno de ellos nace de la oficina de prensa del máximo responsable del Ministerio Fiscal, Álvaro García Ortiz.