El juez cita como testigo a la fiscal de Madrid que se negó a firmar la nota de prensa sobre el novio de Ayuso

Será el próximo día 13 de junio a las 10.30 horas de la mañana. La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, acudirá citada como testigo para testificar ante el instructor del Tribunal de Justicia (TSJM) en la investigación abierta contra dos de sus compañeros de Carrera por un presunto delito de revelación de secretos, según la querella presentada por el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Lastra, como publicó El Debate en exclusiva, se negó a cumplir con la orden del fiscal general del Estado para suscribir el texto en el que, supuestamente, se reflejaron datos confidenciales de Alberto González Amador.

En la providencia dictada por el magistrado Francisco José Goyena Salgado, a la que ha tenido acceso este diario, se convoca, media hora más tarde al jefe del gabinete prensa de la misma institución, Íñigo Corral Lozano.

Con la comparecencia de Almudena Lastra en la Sala de Vistas del TSJM, el papel del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la polémica sobre el inédito comunicado de la Fiscalía Provincial de Madrid revelando las comunicaciones secretas mantenidas –fechas, conversaciones y reuniones– entre el fiscal Julián Salto, responsable del caso y la defensa de éste, ejercida por el abogado Carlos Neira, podría quedar todavía más en entredicho.

Según publicó El Debate, de fuentes próximas al Ministerio Público, la fiscal jefe de la Comunidad de Madrid Almudena Lastra «se negó rotundamente» a firmar el documento autorizado por el propio titular del Ministerio Público y tampoco aceptó remitir el mismo desde el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia (TSJM), en la versión temporal de los hechos asumida por el fiscal Salto. Eso sí, no sin antes solicitar vía mail a García Ortiz que dejase constancia, por escrito, de cualquier instrucción sobre el caso que tuviese la obligación de atender en «estricto cumplimiento» de lo previsto en el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Público (EOMF).

Según las mismas fuentes, a juicio de Lastra, tanto la cronología de las conversaciones entre el abogado de la pareja de la presidenta madrileña y la Fiscalía Provincial, como los pormenores de las mismas desvelados en el contenido del comunicado que terminó viendo la luz, eran incompatibles con el deber de «confidencialidad» de las partes en el proceso reglado para alcanzar pactos de conformidad. Una posición de la fiscal que para algunos miembros de la Carrera «prueba la antijuricidad palmaria» de las órdenes emanadas de García Ortiz para la gestión de este asunto.