Los fiscales exigen la «inevitable» dimisión de García Ortiz: «Ha dejado de ser un jurista de prestigio»

La imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, «confiriéndole la condición de investigado, en un proceso penal en el que se le considera posible responsable de la comisión de un delito de revelación de secretos, da lugar a la pérdida de la consideración de jurista de reconocido prestigio que exige el apartado 1 del artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal».

Para quienes han consagrado su carrera profesional a «defender la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público, asumiendo normalmente una posición activa en el proceso penal», hoy, es un día triste. Desde la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF) denuncian –tras conocerse que la Sala Segunda del Alto Tribunal abre causa contra el máximo responsable de la institución– que la noticia afecta a los que «representamos en cumplimiento de los principios de imparcialidad y legalidad».

La dimisión del Fiscal General es inevitableAsociación de Fiscales (AF)

«Desde el más escrupuloso respeto a la instrucción abierta en el Tribunal Supremo y al derecho a la presunción de inocencia de todos los involucrados queremos expresar» que «no es admisible afirmar que lo que se cuestiona es una función de la Fiscalía General del Estado, sino su actuación concreta y si ha existido un exceso en su ejercicio en contra de la legislación vigente». De modo que la decisión de García Ortiz de mantenerse en el cargo «solo se puede interpretar como una voluntad de mantener el control de la Institución en su propio interés, y desde luego no en el interés de la Fiscalía española».

No en vano, que el Fiscal General «se tenga que defender en un proceso penal y a la vez el Ministerio Fiscal tenga que actuar en defensa de la legalidad, cuestiona ésta última. Y no se soluciona con la abstención del Fiscal General en dar órdenes cuando se atribuirá esa función a su número dos, nombrada por él».

«Es imprescindible la dimisión y el nombramiento de un nuevo Fiscal General que garantice la máxima imparcialidad», aseguran desde la AF, porque, a su juicio, »la condición de investigado de quién dirige el Ministerio Fiscal genera una tensión sin precedentes en la institución y erosiona la credibilidad de la actuación de quienes la representamos diariamente con vocación casi 2.800 mujeres y hombres".

«Revertir esta anomalía, recuperar el respeto a nuestro trabajo, requiere la dimisión como paso inevitable e imprescindible», insisten desde la entidad mayoritaria.

Por su parte, para la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) es «absolutamente incompatible ser jurista de reconocido prestigio y, al mismo tiempo, ser imputado por el Tribunal Supremo como posible autor de un delito» que, además, está directamente relacionado con el cargo que ostenta el actual titular del Ministerio Público.

Mantener un Fiscal General del Estado con la condición de investigado
como posible responsable de un delito, es deteriorar gravemente nuestro
Estado de DerechoJunta Directiva APIFAsociación Profesional e Independiente de Fiscales

Los fiscales han exigido la inmediata dimisión de García Ortiz puesto que, «tras conferirle el Tribunal Supremo al Fiscal General del Estado, el estatuto de investigado, a nuestro juicio, ha perdido completamente la autoridad que debe tener el máximo responsable» de la Fiscalía española.

«No es posible que pueda continuar ni un minuto más en este puesto, dirigiendo la institución en toda España, pudiendo dar órdenes de forma expresa a cualquier Fiscal y en cualquier asunto», han denunciado desde la Junta directica de APIF en un durísimo comunicado al que ha tenido acceso El Debate.

«No parece de recibo que la situación en la que pudiera encontrarse cualquier fiscal en España sea, de hecho, peor que la que tiene el Fiscal General del Estado», han añadido.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 145 del Reglamento del Ministerio Fiscal, «la persona titular de la Fiscalía General del Estado podrá acordar motivadamente, con arreglo a los principios de presunción de inocencia y proporcionalidad, previa audiencia del interesado y de la Comisión Permanente del Consejo Fiscal, la suspensión cautelar de cualquier miembro del Ministerio Fiscal contra el que se siga un procedimiento penal».

Es decir, para los miembros de la APIF que «cualquier Fiscal en España podría ser suspendido en el ejercicio de su función si se sigue un procedimiento penal contra él, salvo que sea Fiscal General del Estado» es un «sinsentido».

Por ello, «teniendo en cuenta esta situación» inédita en nuestra democracia, solicitan una respuesta «urgente» para el caso y piden «modificar» el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para «incluir una nueva causa de cese del Fiscal General del Estado».

«En efecto, el artículo 31 del mencionado Estatuto establece que el mandato del Fiscal General del Estado tendrá una duración de cuatro años y que antes de que concluya dicho mandato únicamente podrá cesar por alguno de los siguientes motivos: a petición propia, por incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en esta Ley; en caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo; por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones; o, cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto».