Teresa Ribera, Pilar Alegría y Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros.
El Gobierno inicia el trámite para segregar la Comisión de la Energía de la CNMC y estrechar el cerco sobre el sector
Gestionará un fondo específico dedicado a la liquidación de los sistemas eléctrico y gasista
El Consejo de Ministros ha remitido a información pública el anteproyecto de ley por el que se restablece la Comisión Nacional de la Energía (CNE) como un ente regulador independiente con una actualización de sus funciones, entre las que figuran reforzar la regulación y apoyar la descarbonización.
Esta medida pretende volver a los inicios, antes de que dicha entidad se integrase en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. «Restablecemos la Comisión Nacional de la Energía con una actualización de sus funciones», ha afirmado Teresa Ribera durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Además de recuperar sus funciones tradicionales, la Comisión estará dotada con más recursos y una nueva capacidad a través de un fondo específico dedicado a la gestión y liquidación de los sistemas eléctrico y gasista en lo que a actividades reguladas se refiere. Según Ribera, esto permitirá garantizar «precios competitivos para los consumidores y señales eficientes para la inversión».
Una novedad fundamental en la propuesta es el énfasis en la descarbonización como objetivo claro dentro de las funciones de la Comisión. «Debe favorecer a la hora de tomar esas decisiones regulatorias ese objetivo común a nivel europeo de avanzar hacia la descarbonización», indicó Ribera, subrayando la importancia de alinear la regulación energética con las metas de sostenibilidad y transición verde.
La CNE también tomará un papel consultivo y de resolución de conflictos entre operadores, incorporando a su vez los nuevos vectores energéticos como los gases renovables o el hidrógeno. «Incorpora nuevos vectores energéticos, ya no se trata solamente de electricidad, gas o hidrocarburos», destacó la ministra.
Finalmente, Ribera hizo hincapié en el reforzamiento de las funciones de inspección de la Comisión, «que consolida varias atribuciones que venía desempeñando de manera transitoria y sin atribución directa», lo que, a su juicio, supone un paso hacia la mejora en la regulación y supervisión de los mercados energéticos en España.
