El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta Teresa Ribera
El Gobierno disparó los contratos 'a dedo' en el último trimestre de 2023
Bruselas ya puso el foco en este tipo de contratación opaca, que calificó como «foco de irregularidades»
El caso Koldo ha vuelto de poner de manifiesto el uso abusivo de los contratos negociados sin publicidad, una modalidad poco transparente que mueve miles de millones cada año a la que recurren las Administraciones Públicas y que han sido muy criticados por algunos sectores, como las pymes, por su arbitrariedad.
El contrato negociado sin publicidad es un procedimiento que permite invitar a operadores concretos para establecer las condiciones de contratación. Sus plazos son más breves en comparación con un anuncio de licitación e impide la aparición de candidaturas no invitadas, limitando los criterios de competencia. En definitiva, se trata de un contrato 'a dedo' en el que la Administración elige a los licitadores.
Según los datos de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), dependiente del Ministerio de Hacienda, en el cuarto trimestre del pasado año se firmaron 4.721 contratos de este tipo por un valor de 5.154 millones de euros, un 356 % más que el año anterior.
La mayor parte del montante, 4.324 millones, correspondieron al Estado, mientras que 660 millones fueron de las Comunidades Autónomas y 222 a Corporaciones Locales. Respecto al total de expedientes, se produce un efecto contrario. La mayor parte de contratos los firmaron las Corporaciones Locales (1.747) por delante de las CCAA (1.652) y el Estado (810).
Este espectacular aumento se debe principalmente a los contratos de Defensa, como la compra de varios aviones a Airbus por valor de 1.695 millones de euros, el sistema lanzacohetes de alta movilidad (SILAM) a Escribano por 576 millones, la modernización del sistema AAA Mistral a MBDA por 271 millones, o los 168 misiles antitanque a Pap Tecnos por 238 millones.
También destacan el caso de Correos, que cuenta con dos contratos para servicios de limpieza y control de plagas en sus edificios por valor de 42 y 26 millones de euros a pesar de encontrarse en una situación financiera crítica.
Normalmente utilizados para acuerdos armamentísticos, estos contratos proliferaron durante la pandemia por la situación de emergencia, muchos de los cuales superaron los cientos de millones de euros. De hecho, en el segundo y tercer trimestre de 2020, estos contratos supusieron el 24 y el 34 % del total.
«Foco de irregularidades»
Ya durante el Gobierno de Mariano Rajoy, la Comisión Europea calificó el sistema de contratación pública en España como un «foco de irregularidades». En una misiva, Bruselas señalaba que «España destaca por una baja tasa de publicación de los anuncios de contratos y un nivel relativamente elevado del recurso al procedimiento negociado sin publicidad previa en comparación con otros estados miembros».
Por aquel entonces, Cristóbal Montoro intentó poner coto a la proliferación de adjudicaciones directas que perjudicaban la competitividad empresarial y, especialmente, a pymes que no tenían capacidad para acceder a estos contratos. Sin embargo, las buenas intenciones quedaron en la orilla.