La ministra de Hacienda, María Jesús Montero
Montero impondrá un ajuste de 4.500 millones a CC.AA. y ayuntamientos tras el rechazo del Senado a los objetivos de déficit
La Cámara Alta tumba por segunda vez la propuesta del Gobierno, que recurrirá a los del Programa de Estabilidad
El Senado ha tumbado por segunda vez este miércoles los objetivos de déficit. El ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, sin embargo, seguirá adelante con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado pese a no contar con este trámite clave. Para ello, recurrirá a los ya remitidos a Bruselas en el Programa de Estabilidad durante la primavera pasada, más restrictivos.
La Ley de Estabilidad obligaba al Ejecutivo a volver a presentar ante las Cámaras los objetivos de déficit tras el primer rechazo en el Senado, donde el Partido Popular cuenta con mayoría. El PP confiaba en que su rechazo cerrara la puerta definitivamente a que el Ejecutivo pudiera sacar adelante las cuentas.
Sin embargo, Montero contraatacó con un informe de la Abogacía del Estado que, según asegura, hace que en caso de un segundo rechazo los objetivos vigentes son los incluidos en el Programa de Estabilidad. Todo ello en el marco de una situación inédita, dado que las reglas de gasto estaban suspendidas durante los últimos años por la pandemia, con lo que no había una referencia reciente a la que vincular las nuevas cuentas. En condiciones habituales, los objetivos se aprueban para un período de tres años, por lo que para que se produjera la situación actual las Cámaras tendrían que haberlos rechazado durante tres ejercicios consecutivos.
La clave de bóveda de la estrategia de Montero es, por tanto, el mencionado informe de la Abogacía del Estado, cuya existencia avanzó en diciembre, sin que se hiciera público pese a las reiteradas demandas de la oposición. El PP llegó incluso a calificarlo de «informe fantasma». Según adelanta Expansión y ha podido confirmar El Debate, en el informe figura que «a falta de aprobación, conforme a la legislación interna, de una senda de convergencia hacia la situación de equilibrio, resultará de aplicación la contenida en el programa de estabilidad, a condición de que éste haya sido valorado favorablemente por el Consejo».
Un ajuste de 4.500 millones
La propuesta de Montero descartada este miércoles ofrecía a las autonomías, donde el PP tiene mayoría, la posibilidad de endeudarse en un 0,1 %, frente al equilibrio presupuestario al que las obliga la propuesta del Programa de Estabilidad. Los ayuntamientos también tendrían más flexibilidad, al pasar de un superávit del 0,2 % al equilibrio en 2024.
Aunque parezcan porcentajes pequeños, desde Hacienda calculan que las autonomías tendrán que apretarse el cinturón en cerca de 1.500 millones; y los Ayuntamientos, en 3.000. El déficit de las administraciones públicas en su conjunto se situaría en ambos casos en el 3 %.