Los cortafuegos de la Agencia Tributaria para evitar una filtración: «Todo queda registrado y puede acabar con una carrera»

El supuesto conocimiento por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de datos sobre la investigación fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha generado una intensa polvareda política y mediática en las últimas jornadas.

Los técnicos de Hacienda aseguran que los protocolos dentro del fisco son muy estrictos y las sanciones tan duras que pueden llevar a acabar con la carrera de un hipotético filtrador. De acuerdo con el Código Penal, «la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años».

Huella digital

«Todo queda registrado, el punto de acceso desde el que se hace y los contenidos que se ven», detalla a El Debate José María Mollinedo, portavoz del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha). Todos los datos que maneja el fisco, resalta, están protegidos por la Ley General Tributaria. «Si alguien, por ejemplo, que tiene encomendado ver el impuesto de sociedades del 22 y entra en el 19 por equivocación, eso queda registrado en una huella digital», relata.

En algunos casos concretos, como por ejemplo en la amnistía fiscal de 2012, esa protección se ve incluso reforzada con una clave especial. «Los propios funcionarios no podíamos acceder a los nombres», asegura.

La Agencia Tributaria, dice Mollinedo, «tiene especial interés para que los funcionarios nos atengamos a los datos estrictos que se nos encargan y que no se pueda filtrar una información cualquiera». Por ejemplo, dice, que alguien buscara una declaración de Hacienda del líder de un partido político y la difundiera. «Eso sería una aberración», considera.

«La gente no quiere cargar con la responsabilidad de cometer una infracción que puede acabar con su carrera»

«Si alguien filtra por ejemplo las declaraciones de la renta de Ayuso, eso saldría en cualquier medio de comunicación y la Agencia pediría quién ha accedido y el motivo. Si es por curiosidad se le abre un expediente por falta disciplinaria muy grave que puede acabar en la separación del servicio. Eso si no existe un reproche penal por comunicar datos privados por parte de un contribuyente, que puede acabar en la suspensión de empleo y sueldo», relatan desde Gestha.

El castigo es tal que, a juicio de Mollinedo, desincentiva cualquier filtración. «La gente no quiere tener esa responsabilidad de cometer una infracción de ese tipo que pueda acabar con su carrera». De ahí que considere que, si se comprueba que Montero tuvo acceso a datos confidenciales, estos podrían no haber procedido de la Agencia Tributaria. Algo que, considera, se ve reforzado por el hecho de que también se han hecho públicos correos entre el abogado de la pareja de la presidenta madrileña y la Fiscalía.

Posible querella

Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, está preparando una querella contra María Jesús Montero por revelación de secretos. Desde Gestha continúan analizando las declaraciones de María Jesús Montero. Según Mollinedo «a día de hoy no tenemos constatación de que pueda haber habido utilización política», algo que, según destaca, sí se produjo en la segunda época de Cristóbal Montoro al frente del fisco.

«Montoro si tuvo en su segunda fase la locuacidad, como por ejemplo en el caso de Pujol cuando presentó sus complementarias. Dio a entender que se estaban haciendo dossieres, indagaciones de personalidades para poder saber sus puntos débiles para su uso político. También con Monedero», asegura. «A día de hoy no consta que haya pasado con Montero. Pero si se constatara, merecería nuestra reprobación», asegura el portavoz de Gestha.