Yolanda Díaz y María Jesús Montero, en una foto de archivo
Decenas de inspectores de trabajo, sin trabajar y cobrando por un choque entre Yolanda Díaz y Montero: «Están tirando miles de euros en salarios»
Aunque ya conocen su destino, no pueden ejercer hasta la publicación del nombramiento en el BOE y el sueldo de funcionario en prácticas resulta insuficiente
Los ministerios de Hacienda y Trabajo llevan meses enzarzados en una disputa a cuenta de la Inspección que ha provocado situaciones de alto voltaje, como la paralización de los acuerdos firmados con los trabajadores.
El último caso ha ocurrido con un grupo de funcionarios –52 de nuevo ingreso y 17 de promoción interna– que aprobaron la oposición en junio de 2022, tras lo cual realizaron un proceso de escuela y prácticas que finalizó en julio de 2023. A partir de entonces recibieron un sueldo de funcionario en prácticas, algo más de 1.200 euros brutos, hasta la publicación del nombramiento.
El pasado 2 de febrero, estos funcionarios en prácticas escogieron destino con previsión de incorporarse después de Semana Santa. Sin embargo, un supuesto fallo entre el Ministerio de Trabajo y el de Hacienda ha retrasado la publicación en el BOE, al menos, hasta finales de mayo. El problema es que estas personas ya se han desplazado a sus destinos, pero el salario de funcionario en prácticas no les da para pagar el piso y los gastos.
Como explica uno de los afectados, «supone tirar cientos de miles de euros –concretamente unos 800.000– en salarios de personas a las que no dejan trabajar mientras nosotros perdemos dinero porque no nos han incorporado. Es insostenible».
Esta situación se empieza a ser una constante entre el personal público por el enfrentamiento que mantienen Yolanda Díaz y María Jesús Montero. El pasado verano, los inspectores de Trabajo iniciaron la primera huelga indefinida –que duró un día– de su historia para protestar por el incumplimiento de los acuerdos alcanzados anteriormente
Fuentes de inspección se quejan de que este organismo sufre «graves carencias de plantilla, falta de carrera profesional y de horizonte laboral que contribuye a la descapitalización de la plantilla», así como a la falta de reconocimiento y de «dignificación de las funciones desarrolladas en cada uno de los puestos por una RPT –Relación de Puestos de Trabajo– obsoleta e injusta».
Según denuncian, los acuerdos firmados entre trabajadores y el Ministerio de Trabajo tienen que ser aprobados por Función Pública, dependiente de Hacienda, que se escuda en que la RPT es una decisión de los ministerios. Sin embargo, los que pagan las discrepancias son los trabajadores, que ven incumplidas las promesas de mejora.
Este colectivo además se ha visto además agraviado tras los acuerdos del PSOE con independentistas catalanes y vascos, como la ley de amnistía o la transferencia de la gestión de la Seguridad Social, que consideran «una ruptura del régimen constitucional» y de «la igualdad de los españoles».