¿Puede el Gobierno paralizar la opa de BBVA?
Carlos Cuerpo ya ha adelantado que la decisión final «depende del Ejecutivo»
La opa hostil lanzada por BBVA sobre el 100 % de las acciones del Banco Sabadell ha sacudido la esfera política, que se ha posicionado en contra de la operación. El ejecutivo catalán ya ha pedido su paralización a los reguladores mientras el Gobierno asegura que la última palabra la tiene Economía.
La consellera de Economía de la Generalitat, Natàlia Mas, ha enviado una carta a la vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de competencia, Margrethe Vestager, y a la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, pidiendo que eviten que salga adelante la opa al entender que «agravaría» el «oligopolio bancario» existente en Cataluña.
«Se trata de una operación que llevaría la concentración bancaria en Cataluña a niveles extraordinarios en Europa y a una reducción de competencia que implicaría peores servicios bancarios para empresas, pymes, y una menor remuneración de los depósitos. También hemos alertado del impacto en el mercado laboral con una pérdida importante de puestos de trabajo», ha señalado al respecto.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado que la operación requiere el visto bueno del Banco Central Europeo y la autorización de la CNMV, que dependerá del informe de la CNMC respecto al grado de concentración. Además, ha advertido que la decisión final sobre la fusión de ambas entidades «depende del Gobierno».
Pero ha sido Yolanda Díaz la que ha aclarado los mecanismos para paralizar la opa. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha explicado que el Ejecutivo se va a acoger a la ley de ordenación y supervisión bancaria que, en su disposición adicional segunda, señala que «es el Gobierno de España el que tiene que autorizar todo este tipo de operaciones».
Concretamente, el texto señala que corresponderá al ministro de Economía «autorizar las operaciones de fusión, escisión o cesión global o parcial de activos y pasivos en las que intervenga un banco» para lo cual se solicitarán informes al Banco de España, al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, a la CNMV y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
La solicitud de autorización deberá ser resuelta dentro de los seis meses siguientes a su recepción en la Secretaría General del Tesoro, o al momento en que se complete la documentación exigible y, en todo caso, dentro de los doce meses siguientes a su recepción. Cuando la solicitud no sea resuelta en el plazo anterior, podrá entenderse desestimada.
La clave, entonces, estaría en los informes de los reguladores. Para el analista financiero de XTB, Javier Cabrera, el mercado está ya muy oligopolizado con una cuota de préstamos del 56 % entre las tres principales entidades, por lo que, de materializarse la operación, alcanzaría el 64 % suponiendo una importante disminución de la competencia con el consiguiente deterioro de las condiciones ofrecidas a los clientes.
No obstante, añade, la complementariedad de ambas entidades es muy buena, «con un BBVA fuerte en e plano internacional y un Sabadell que se posicionaría muy bien en España».
En cualquier caso, la pelota está ahora en el tejado de los accionistas del Sabadell. Los analistas creen que la oferta de BBVA no ha cambiado respecto al lunes y la prima ofrecida se irá modificando a medida que los títulos de la entidad bajen en bolsa, que este jueves cerraban con caídas del 6 %.