Instalación de placas solares
La justicia estadounidense cerca a España por los impagos por las renovables
Acaba de resolver la ejecución de un laudo de 330 millones contra Rumanía en una sentencia que podría afectar a los intereses españoles
La reciente decisión de la Corte de Distrito de Columbia en Estados Unidos, que ordena la ejecución de un laudo de 330 millones de dólares contra Rumanía a favor de los inversores suecos Micula, podría tener repercusiones significativas para España en el contexto de los arbitrajes internacionales por las primas renovables.
Desde hace años, la Abogacía del Estado ha sostenido que el derecho comunitario europeo no permite el pago de indemnizaciones decretadas en arbitrajes internacionales surgidos tras la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables. Sin embargo, las empresas afectadas argumentan que los laudos emitidos a su favor tienen respaldo legal bajo el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) y el Convenio del CIADI, y han llevado sus reclamaciones a tribunales en Reino Unido, Australia y Estados Unidos.
En un fallo histórico emitido el pasado 14 de mayo de 2024, la Corte de Distrito de Columbia destacó que los tribunales estadounidenses están obligados por la legislación de su país a cumplir con los laudos del CIADI, subrayando su independencia respecto a las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Rumanía había argumentado que la indemnización constituía una ayuda estatal incompatible con las normas de la UE y apeló a la Ley FSIA, que regula las peticiones de inmunidad diplomática.
No obstante, la corte estadounidense rechazó estos argumentos y confirmó la ejecución del laudo, señalando que el Convenio del CIADI, suscrito por Estados Unidos, obliga a reconocer estos laudos como sentencias merecedoras de «plena fe y crédito», tal como se desarrolla en la legislación estadounidense en la Sección 1650ª del Congreso.
La relevancia de esta decisión para España es considerable, ya que los tribunales estadounidenses podrían utilizar este precedente en los casos de arbitrajes relacionados con las primas renovables. Hasta la fecha, el Gobierno español ha optado por no pagar las compensaciones decretadas, lo que ha llevado a medidas cautelares como el embargo de bienes y activos de España en el extranjero.
La confirmación de estos laudos en Estados Unidos podría aumentar la presión sobre el gobierno español para reconsiderar su postura y buscar una solución negociada con las empresas afectadas, evitando mayores daños a la reputación de España como destino seguro para inversiones extranjeras, especialmente en el sector de las energías renovables.
