El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.
El Gobierno impone la entrada de patronales afines al principal órgano consultivo de Trabajo
CEOE y Cepyme acusan al Ejecutivo de «romper el diálogo social»
El Gobierno ha aprovechado la aprobación del subsidio de desempleo para incluir una disposición en la que da tres meses al Pleno del Consejo Económico y Social (CES), principal órgano consultivo en materia laboral, para que incluya en su composición a las organizaciones empresariales «que gocen de la condición de más representativas a nivel de comunidad autónoma».
Este ente de derecho público está adscrito al Ministerio de Trabajo y es el encargado de emitir dictámenes sobre legislación relativa a materia socioeconómica y laboral. Cuenta con dos grupos en el que están representados miembros de los principales sindicatos y la patronal, y otro conformado por distintas asociaciones, desde COAG hasta la OCU.
La disposición afecta al Grupo Segundo de esta institución, que cuenta con 20 miembros procedentes de CEOE y Cepyme, que tendrán que repartirse los puestos con las nuevas patronales con la consiguiente merma de influencia.
«Los miembros del Consejo representantes del Grupo Segundo serán designados por las organizaciones empresariales que tengan la condición de más representativas con arreglo a la disposición adicional sexta del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en proporción a su representatividad. En todo caso estarán representadas las organizaciones empresariales que gocen de la condición de más representativas a nivel de comunidad autónoma», señala el texto publicado este miércoles en el BOE.
Una de las organizaciones que se verá beneficiada será Pimec, cercana al independentismo, y que ya fue integrada en otros órganos consultivos como la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC)
Una vez modificado el reglamento, el Ejecutivo tendrá tres meses para nombrar a los nuevos miembros «a partir de las propuestas de las organizaciones que acrediten el derecho a fomar parte del mismo».
La patronal, por su parte, ha acusado al Gobierno de romper el diálogo social «al forzar la entrada en foros de diálogo a actores afines a sus intereses».
