La izquierda, contra pacientes y contribuyentes

La ministra de Sanidad, Mónica García, quiere impedir o, al menos, hacer muy difícil, la colaboración entre la sanidad pública y la privada para poder dar servicio a todos los usuarios de la sanidad pública. La población crece, hay muchos momentos en los que la sanidad pública no tiene capacidad para determinadas pruebas o asistencia, en picos de enfermedades, por ejemplo, y se logra dar un perfecto servicio a todos los usuarios de la sanidad pública a través de convenios o conciertos con la sanidad privada.

Esto no quiere decir que la sanidad se privatice, como las huestes de Mónica García dicen; tampoco que la calidad sea menor; ni que haya que pagar cuando se acude al médico. Todo eso es falso. La colaboración público-privada permite conseguir mayores eficiencias en la gestión, que redunda en una menor presión tributaria sobre los contribuyentes, al tiempo que permite dar un mejor servicio a los pacientes, elemento esencial. Por tanto, aunque la producción sea privada, la provisión es pública, pues es el sector público el que paga y dicho servicio se mantiene con la universalidad que lo caracteriza.

Mónica García quizás idea esta medida porque quiere imponerle a Madrid, por ejemplo, las medidas que no pudo aplicar porque los electores madrileños le dieron la espalda en las sucesivas elecciones regionales a las que se presentó, ya que esta medida está claramente impulsada para perjudicar a Madrid, que ha demostrado la eficiencia de la colaboración público-privada.

Mónica García quizás idea esta medida porque quiere imponerle a Madrid, por ejemplo, las medidas que no pudo aplicar porque los electores madrileños le dieron la espalda

Esa iniciativa que Madrid tomó en 2003, que también entonces llevó a cabo Valencia y que incluso Andalucía, cuando estaba gobernada por los socialistas aplicó de manera intensa, lo que se pretendía era ahorrar fondos a los ciudadanos, que financian la Sanidad y otros servicios con sus impuestos, sin disminuir en nada ni la calidad ni la cantidad de prestaciones sanitarias, para poder emplearlos en incrementar los servicios sanitarios. Es decir, se trataba de hacer más con los mismos recursos, de ser más eficientes para poder prestar más servicios. No eran recortes ni privatización, como siempre repite el mantra de la izquierda. Se trataba, en definitiva, de garantizar y mejorar la sostenibilidad del Sistema Sanitario, de la excelente sanidad madrileña de la que gozan los ciudadanos, de asegurar que se iba a poder seguir prestando en el futuro.

A los ciudadanos les es indiferente quién prepara la comida, quién realiza la labor de lavandería o si la gestión del hospital la realiza directamente la Comunidad de Madrid, el sector público, o si la realiza una empresa a la que se le encarga la prestación del servicio.

Lo que los ciudadanos quieren es poder seguir gozando de los mismos servicios, con la misma calidad, que lo que pagan con sus impuestos dé sus frutos en forma de unos servicios excelentes, como lo es la sanidad madrileña, y que los sigan atendiendo a todos. Y, precisamente, esta reforma sanitaria es lo que garantizaba: que gracias a los ahorros que se conseguirían por la vía de la eficiencia, este sistema sanitario sería viable y podrían seguir disfrutando de él todos los madrileños de manera reforzada. Tan sencillo como eso. Esa era la realidad de la reforma.

Es falso que la sanidad cueste más y que la atención sea peor debido a la externalización

Es falso que la sanidad cueste más por ello, como dice la izquierda, y que la atención sea peor debido a la externalización. Todo lo contrario: los datos son los que muestran cómo la externalización de la gestión de este servicio público consigue importantes ahorros sin menoscabo en lo más mínimo del servicio sanitario que reciben los ciudadanos. Esa comparación se puede realizar por ejemplo en Madrid gracias a que la región capitalina cuenta tanto con hospitales con gestión directa pública como con hospitales que ya tienen externalizada dicha gestión.

Así, para poder realizar una comparación homogénea y ortodoxa, debemos considerar dos hospitales comparables, con similar tamaño, similar cartera de servicios y similar tramo de población, uno de cada modelo de gestión.

Un hospital con los servicios externalizados es el hospital Infanta Elena de Valdemoro. Un hospital comparable con gestión pública directa es el hospital del Tajo. Ambos hospitales tienen un tamaño similar, con una población semejante –algo mayor el externalizado– e idéntica cartera de servicios. Pues bien, en 2011, un estudio de la Comunidad de Madrid fue concluyente:

El ahorro en gasto sanitario es de 18 millones de euros al año gracias a la externalización.

El ahorro en coste per cápita asistencial de los pacientes es de 459 euros al año gracias a la externalización.

El número de personas que se pueden atender en el hospital externalizado con el coste del hospital no externalizado es del doble (es decir, el menor coste del externalizado permite atender al doble de pacientes por el mismo coste):

El servicio externalizado mejora la atención, ya buena de por sí, de los no externalizados, de manera que las reclamaciones por 10.000 habitantes bajan de 22 a 3.

Y no hay menor satisfacción por parte de los pacientes, sino todavía mejor, al pasar de un 93 % en el hospital no externalizado al 95 % en el externalizado.

Por tanto, la colaboración público-privada en sanidad mejora los servicios a los ciudadanos y de manera más eficiente, de forma que los contribuyentes pueden beneficiarse de dichos ahorros en el pago, que no en la calidad de los servicios, que son iguales o mejores que sin la colaboración público-privada. Por tanto, si Mónica García limita o impide estas colaboraciones, estará perjudicando a todos los ciudadanos y a todos los contribuyentes.