La cesión de los convenios al PNV, otra grieta que agrava las crecientes diferencias entre autonomías

En medio de dos dolorosas derrotas parlamentarias, una que fue –la ley contra el proxenetismo– y otra que a punto estuvo de serlo –la reforma de la ley del suelo–, el Gobierno accedió el martes a cumplir una de las demandas históricas del PNV: la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales.

«Permitirá mejorar las condiciones laborales de los trabajadores vascos y las del resto del Estado», se felicitaba el portavoz del grupo vasco en el Congreso, Aitor Esteban, tras la aprobación de la modificación legislativa, que afecta al apartado 3 del Estatuto de los Trabajadores. Con mucho menos entusiasmo han respondido las empresas ante una medida que, consideran, «atenta contra la unidad de mercado a nivel nacional», en palabras del enérgico comunicado difundido por CEOE, Cepyme y ATA.

Para los empresarios, la norma va precisamente en dirección contraria a los esfuerzos que se están realizando a nivel europeo, y supondrá un nuevo freno a la competitividad de las empresas españolas, aprobado además a espaldas del diálogo social. Así lo consideran también expertos como Miguel Ángel García, doctor en economía e investigador asociado de Fedea, quien lo define como «un paso más en el modelo confederal asimétrico que perjudica los intereses comunes de la mayoría» pese a que «la experiencia demuestra que el modelo más eficiente de negociación colectiva es el estatal o de empresa».

Más carga regulatoria

Ya en 2017, Confebask firmó un acuerdo con los principales sindicatos del País Vasco que es prácticamente calcado al texto que los nacionalistas vascos le han sacado a Sánchez. Con esta medida, el PNV garantiza la impermeabilidad de sus acuerdos ante la aprobación de convenios de ámbito estatal en los que sus sindicatos, de acuerdo al Estatuto de los Trabajadores, difícilmente podrán tener representación a nivel nacional.

Se trata de una medida más estética que práctica ya que la priorización se da en convenios autonómicos o provinciales vigentes o en situación de ultraactividad –prórroga automática hasta nueva negociación–. Además, es complicado que aplique en sectores donde ya existe un acuerdo estatal que regula la estructura de la negociación colectiva, como es el caso del metal. Sin embargo, añade carga regulatoria a las empresas, que cada vez notan más el impacto de las diferencias a nivel autonómico

«Los convenios, ya sean nacionales, regionales o sectoriales, pueden asfixiar a muchas empresas», valora, para El Debate, José María Rotellar, profesor de economía y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria. «No se puede aplicar lo mismo a una empresa grande que a una pequeña, aunque sean del mismo sector; ni a una de un sector que a otra de un distinto sector, porque sus características son distintas y obligarlas a aplicar algo que, probablemente, su estructura de costes no soporte, sólo conduce a cierre de empresas, caída de actividad económica y pérdida de puestos de trabajo», abunda.

La nueva normativa complicará el ahogo regulatorio ya existente. Según el informe Producción normativa en 2023, cada día nacen tres nuevas regulaciones, de las cuales una procede de las comunidades autónomas. En total, casi mil normas nuevas al año, algunas de las cuales acaban recurridas ante la CNMC en virtud de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM). Es el caso, por ejemplo, de la exigencia de Asturias a los operadores postales disponer de una oficina en cada una de las 19 poblaciones principales para optar a una licitación, que el regulador catalogó finalmente este jueves como «desproporcionado» tras el recurso de uno de los operadores concurrentes.

La ley de vivienda rompe la igualdad entre españolesJulián SalcedoPresidente del Foro de Economistas Inmobiliarios

Otro ejemplo reciente tiene que ver con la ley de vivienda, que este viernes cumple su primer aniversario. «La ley rompe la igualdad entre los españoles desde el mismo momento en el que unas autonomías aprueban medidas de contención de precios y otras no», apunta Julián Salcedo, doctor en Economía y presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid. Cabe recordar, por ejemplo, que Cataluña es la única autonomía que ha solicitado la creación de zonas tensionadas para la limitación de los alquileres, algo a lo que se han opuesto frontalmente las comunidades del Partido Popular.

Cataluña, 11 impuestos propios

A ello se suman también las crecientes diferencias en materia impositiva, no ya entre las autonomías de régimen común y los territorios de régimen foral, sino también entre las regiones de régimen común . «Los impuestos propios creados por las autonomías en España han crecido sustancialmente en los últimos años, si bien esta tendencia se ha ralentizado, generando, en muchos casos, situaciones de conflicto resueltas por diversas vías, tales como la declaración de inconstitucionalidad de algunos tributos, la supresión o la suspensión de los mismos, en un panorama ciertamente complejo», avisaban recientemente desde el Registro de Economistas Asesores Fiscales, REAF.

Las autonomías tienen margen para modificar al alza o a la baja la parte transferida del IRPF, pero también para crear o modificar tributos propios. El caso más extremo es el de Cataluña, con 11 impuestos propios, como Solo en un año, 2017, la Generalitat llegó a crear cuatro tributos propios: el Impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxicos, el Impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas, el Impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica y el Impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas. En cambio, la Comunidad de Madrid era, el año pasado, la única autonomía que no tiene regulados impuestos propios, puesto que los suprimió para 2022, si bien se vio obligada a reactivar patrimonio el pasado enero tras una sentencia del Tribunal Constitucional.