El ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá
Escrivá asume la lucha contra el fraude de los fondos europeos tras el descontrol de Hacienda
El Ministerio de Transformación Digital crea un Comité para prevenir y evitar irregularidades en proyectos financiados por los fondos europeos
La operación Delorme ha puesto al Gobierno bajo la lupa de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) por el supuesto uso irregular de fondos europeos en algunos contratos firmados en Canarias y Baleares. María Jesús Montero ha demostrado una absoluta incapacidad para la inspección y control de este dinero, por lo que Sánchez le ha pasado la pelota a José Luis Escrivá.
Como adelantó El Debate hace unos meses, la fiscalización de estos fondos depende de la Dirección General de Fondos Europeos a través de la Subdirección General de Inspección y Control, oficina que tiene entre sus cometidos «la realización de las verificaciones y la propuesta de las medidas correctoras precisas para asegurar el funcionamiento correcto del sistema de gestión y control de cada programa operativo del FEDER», precisamente los firmados por Baleares y Canarias con Soluciones de Gestión, empresa del ‘caso Koldo’ .
Sin embargo, y a pesar de la tormenta desatada por el presunto fraude cometido por el antiguo asesor de José Luis Ábalos, el puesto de subdirector lleva casi un año vacante tras la salida de Blas Carrión a la Delegación de Economía y Hacienda de Almería.
Ahora, el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública acaba de anunciar la creación de un Comité Antifraude encargado de prevenir y evitar «el fraude, la corrupción y los conflictos de interés» en el uso de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dependientes de Escrivá.
Según la orden publicada en el BOE, esta oficina tiene como objetivo «el diseño de la estrategia de lucha contra el fraude sobre la que se asienta el seguimiento, actualización y evaluación del Plan de Medidas Antifraude del Ministerio» y será suprimida una vez finalizada la ejecución de las actuaciones.
El Comité no supondrá gastos adicionales ni aumento del gasto público
El Comité, que deberá constituirse en un plazo de dos meses, estará formado por un presidente procedente de la Subsecretaría del Ministerio, así como un vicepresidente, secretario y vocales procedentes de varios ministerios y de la Abogacía del Estado. Eso sí, la orden recalca que su actuación no supondrá gastos adicionales a los previstos en las dotaciones presupuestarias ni aumento del gasto público.
Estos deberán, entre otras cosas, aprobar un plan de control interno en la lucha contra el fraude y la corrupción, evaluar asuntos que pudieran ser constitutivos de delito y remitirlos a los órganos correspondientes, y emitir informes sobre posibles conflictos de interés.
