La OCDE insta a Yolanda Díaz a evitar que los fijos discontinuos se conviertan en una «fuente de precariedad»

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pide a Yolanda Díaz que se mantenga vigilante para que los fijos-discontinuos, una modalidad contractual cuyo uso se ha disparado a raíz de la reforma laboral, «no se conviertan en una nueva fuente de precariedad». Así se ha pronunciado el director de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE, Stefano Scarpetta, tras la presentación de su informe sobre la productividad en España. Un informe en el que, en los agradecimientos, reconoce «el apoyo financiero» de Trabajo.

Con Yolanda Díaz en primera fila del auditorio parisino, Scarpetta ha considerado «importante» realizar un seguimiento de la utilización de este tipo de contratos «para asegurarnos de que no se conviertan en una nueva fuente de precariedad para los trabajadores y que puedan disfrutar de contratos sólidos, indefinidos». Algo que, según ha afirmado, deberá hacerse mediante el diálogo social y la negociación colectiva.

«Mientras que antes de la reforma su uso se limitaba estrictamente al trabajo estacional, la reforma amplió su alcance a todas las actividades intermitentes (...). En principio, estos contratos son preferibles, ya que proporcionan más estabilidad y una mayor protección contra el riesgo de despido. Dicho esto, sus implicaciones para la seguridad de los ingresos no están del todo claras», asegura la OCDE en un informe que firma Alexander Hizjen, economista senior responsable de Asuntos Laborales. «Si bien la ley exige que los contratos intermitentes de duración indefinida especifiquen de antemano el período y las horas de trabajo previstos, no garantiza una cantidad mínima de actividad», añade al respecto.

El organismo también resalta el «importante» impacto de las barreras regulatorias, que «están frenando el crecimiento de la productividad entre las empresas rezagadas y la adopción de tecnologías digitales avanzadas».

El club llama la atención sobre la alta incidencia de pequeñas y microempresas en España, que representan el 16 % del empleo en la industria manufacturera y el 38 % en el sector servicios, en comparación con el 13% y el 35% en promedio en toda la OCDE .

«Las pequeñas empresas tienden a ser menos productivas y tienden a exhibir un menor crecimiento de la productividad que las empresas más grandes (...)», afirma la institución. «Hay varios factores que podrían limitar el crecimiento de las empresas, incluido el acceso a la financiación, las barreras regulatorias y las habilidades de gestión inadecuadas».

Entre otras recomendaciones, la institución propone armonizar las regulaciones entre regiones, en línea con la Ley de Unidad de Mercado. «Podría ayudar a promover el crecimiento empresarial, al aumentar el tamaño efectivo del mercado, respaldar las economías de escala y fortalecer la competencia entre empresa», asegura.

En el documento, presentado este miércoles en París, se subraya que la productividad laboral en España ha crecido lentamente durante las últimas tres décadas, lo que ha resultado en una disminución considerable del desempeño de la productividad en comparación con otros países de la OCDE. «La desaceleración de la productividad particularmente acelerada en España», ha señalado en rueda de prensa Stefano Scarpetta, director de Empleo y Asuntos Sociales del organismo.

«Si bien en muchos otros países de la OCDE se observó una desaceleración de la productividad, en España comenzó antes y ha sido particularmente marcada. Esto ha ejercido una presión a la baja sobre el crecimiento de los salarios y los niveles de vida y se vio exacerbado por la proporción cada vez menor de ganancias de productividad que se transfirió a los trabajadores», asevera al respecto el informe de la OCDE.

La institución también se ha referido al compromiso de Sumar y PSOE para rebajar la jornada laboral. Sobre la misma, la institución reconoce que falta información sobre su impacto, pero afirma que la flexibilidad del sistema español «sugiere que la negociación colectiva puede desempeñar un papel potencialmente importante en la reducción del trabajo semanal normal y máximo en los casos en que es probable que esto aumente el bienestar y la productividad de los trabajadores».

Díaz promete que se avanzará en la reducción de jornada

«Vamos a abordar la reducción de la jornada laboral», ha reiterado la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, durante la presentación del documento. Ante la falta de avances en el diálogo social sobre dicha medida, Díaz ha asegurado que «siempre quiere» que haya un acuerdo tripartito en el diálogo social», pero también ha defendido los acuerdos bipartitos, a los cuales su ministerio ha recurrido en numerosas ocasiones, plantando a CEOE, Cepyme y ATA en ámbitos como la subida del salario mínimo o directamente sin consultarlos, como en el caso de la primacía de los convenios autonómicos sobre los estatales. «El camino es mejorar el diálogo social y mejorar los derechos. Tenemos que crecer y tenemos que crecer bien», apostilló Díaz desde París.

Precisamente la OCDE reclama, en otro de sus puntos, promover el diálogo social, tanto en el lugar de trabajo como a nivel nacional. «Sigue siendo necesario involucrar a los interlocutores sociales a nivel nacional en la coordinación de los acuerdos salariales entre sectores», asevera al respecto la organización, que también ha evaluado las sucesivas subidas del salario mínimo desde 2019, con la conclusión de que impulsó significativamente los salarios de los trabajadores con salarios bajos a cambio de un recorte en el empleo del 0,6 %, alrededor de 7.000 puestos de trabajo.

«La mayoría de los estudios empíricos coinciden en que parte de los aumentos del salario mínimo se traslada a los consumidores (...) Si bien no hay evidencia directa para España, dado el impacto del salario mínimo y el nivel actual de inflación, el riesgo de una espiral salario-precio impulsada por aumentos en el salario mínimo parece muy limitado. Además, en España, como en otros países de la OCDE, los beneficios han aumentado más que los costes laborales, lo que sugiere que hay margen para que los beneficios absorban algunos aumentos adicionales de los salarios para mitigar la pérdida de poder adquisitivo, al menos para los trabajadores peor pagados, sin generar importantes presiones adicionales sobre los precios», concluye al respecto el documento.