Economía convocará a las CC. AA. a una reunión ante sus recelos a recurrir a los 20.000 millones en préstamos con fondos UE

El tiempo corre y las autonomías siguen viendo con recelo los 20.000 millones en préstamos del Fondo de Resiliencia Autonómica (FRA). La cuantía, encuadrada dentro de los 84.000 millones en créditos de la denominada Adenda, la ampliación de los fondos Next Generation aprobada en octubre de 2023, está reservada para que sean las comunidades autónomas las encargadas de su gestión.

Con esta fórmula el Ejecutivo ha tratado de dar cabida a los gobiernos autonómicos, después de las reiteradas quejas por la falta de interlocución a la hora de aterrizar la gestión de la primera remesa de ayudas, de 77.200 millones, en los cuales las autonomías «no hemos tenido margen» de maniobra, aseguran desde una comunidad autónoma.

Sin embargo, los gobiernos regionales consultados miran los fondos con recelo ante la falta de información. Tal es así que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha puesto en contacto con varios presidentes autonómicos para que activen el reparto, como adelantó El Mundo y ha podido confirmar El Debate de diferentes gobiernos regionales.

Las fuentes consultadas confirman que recibieron la llamada de Cuerpo a mediados de mayo, y emplazaron al ministro a convocar una reunión de carácter técnico donde poder plantear sus dudas. En particular, les preocupa la necesidad de que tengan que ejercer como avalistas de los créditos y responder de los fallidos a costa de su propia financiación. También que los avales consuman sus márgenes de endeudamiento, dado que como ya contó El Debate estos créditos se contabilizarán como deuda.

«Básicamente lo que nos trasladan es que con este fondo se podrá conceder préstamos a 30 años, con 10 de carencia y un tipo ventajoso», explican las fuentes consultadas al respecto de los créditos, que gestionarían o bien las propias autonomías o bien el Banco Europeo de Inversiones (BEI) de Nadia Calviño como intermediario.

«Pese al tiempo transcurrido desde la aprobación de la primera fase (julio de 2021) a la de la Adenda (octubre de 2023), y a la llamada ahora, suma casi tres años la información que nos han trasladado es muy escasa», lamentan desde una autonomía gobernada por el PP, que asegura llevar reclamando desde que salieron los fondos una conferencia sectorial sobre su ejecución. Hasta la fecha, sin éxito.

«En tres años la información que nos han trasladado es muy escasa», afirman las autonomías

La semana pasada, el Consejo de Ministros encaminó la puesta en marcha de este mecanismo, con la firma de un acuerdo para la adquisición de los compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros. Se trata, como explicó Moncloa, de un trámite previo a la firma del convenio con el BEI. Los fondos deberán ir destinados a financiar inversiones sostenibles en las comunidades autónomas, precisó entonces el Gobierno.

A la espera del cuarto pago

«En las próximas semanas una vez cerrado el acuerdo final con el Banco Europeo de Inversiones respecto a las condiciones convocaremos a una reunión a las autonomías, no sólo para cerrar el fondo, sino para avanzar en los siguientes pasos», aseguró Carlos Cuerpo este jueves. Según añadió, en un encuentro con periodistas, «estamos en un diálogo continuo con las CC. AA. para incorporar sus preocupaciones (...) porque en el interés de todos está seguir avanzando lo más rápido posible para canalizar estos fondos».

«En las próximas semanas convocaremos a las CC.AA. a una reunión», adelanta Cuerpo

España está actualmente a la espera de que Bruselas formalice el cuarto pago de los fondos europeos, por valor de 10.021 millones, después de que se concedieran dos meses más a España para desatascar la reforma del subsidio de desempleo que tumbó Podemos, lo que finalmente sucedió el 21 de mayo.

Según la plataforma Elisa de seguimiento del Plan de Recuperación, España ha resuelto convocatorias por valor de 37.703 millones de euros, con una tasa de resolución del 57,9. Mientras, el tiempo sigue corriendo dado que el plazo para ejecutarlos expira en agosto de 2026, lo que ha motivado que esta misma semana Bruselas haya anunciado una flexibilización de su control.