Los expertos advierten del dudoso encaje constitucional de la «financiación singular» de Sánchez para Cataluña

El PSOE parece dispuesto a cualquier cosa para salvar la investidura de Salvador Illa y ofrecerá a Cataluña una «financiación singular» para obtener el apoyo de ERC, una medida de dudoso encaje legal que ha provocado el levantamiento del resto de comunidades.

Desde la aprobación de la Constitución en 1978, el nacionalismo catalán ha buscado la oportunidad de instaurar un sistema de financiación similar al «cupo vasco» que les permita recaudar el 100 % de los impuestos que se pagan en Cataluña a cambio de contribuciones en reciprocidad por los servicios del Estado y para garantizar «la equidad entre territorios», un principio que ya establece la Carta Magna en su artículo 31.

Pero dada la situación actual, con la investidura de Illa colgando de un hilo, el secesionismo ha visto una oportunidad inmejorable para plantear sus exigencias. Claro que el asunto de la financiación es más complicado que la recientemente aprobada Ley de Amnistía.

La idea de los nacionalistas está plasmada en el documento presentado por Pere Aragonès el pasado marzo que defiende la «soberanía fiscal plena» a través de la recaudación y gestión de todos los impuestos, incluidos el IVA, el IRPF y el impuesto de sociedades. Esto supondría el ingreso, según sus previsiones, de casi 52.000 millones frente a los 25.600 que recauda actualmente.

Para ello, defienden la creación de un «fondo de reequilibrio territorial», que no han concretado todavía, inspirado en el modelo vasco y navarro. Además, entienden que la propuesta encaja con el Estatuto, la Constitución y el derecho comunitario, por lo que sería suficiente con la modificación de la ley que regula la financiación de las CCAA y de la ley de cesión de tributos.

La Ley Orgánica 8/1980 de Financiación de las Comunidades Autónomas establece que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) es el encargado, entre otras cosas, de coordinar la política presupuestaria de las regiones y los criterios de equidad para la percepción de asignaciones presupuestarias.

Pero, al mismo tiempo, el reglamento de este organismo señala que el Ministerio de Hacienda dispondrá «del mismo número de votos que posean las comunidades y ciudades autónomas que formen parte del Consejo», mientras que estas tendrán un voto cada una. Es decir, con el 50 % del peso de la votación, el Ejecutivo solo necesitará que una autonomía respalde su propuesta para que salga adelante.

El nuevo modelo debería contar con el apoyo del Congreso y del Senado

Aunque el Gobierno apruebe con el apoyo de Cataluña esta «financiación singular», debería contar con el apoyo del Congreso y del Senado al estar articulada en una ley orgánica, y aquí es donde podría encallar por el rechazo del Partido Popular en la Cámara Alta.

Además, la inspiración del régimen fiscal vasco y navarro también presenta problemas. Dicho modelo está blindado por la disposición adicional primera de la Constitución que «ampara y respecta los derechos históricos de los territorios forales», algo que no se aplica para el caso de Cataluña. De hecho, el resto de regiones no hay una previsión y su sistema está condicionado por lo que la Constitución indica en el principio de estabilidad presupuestaria del artículo 135 y por el de solidaridad por el cual se crearon fondos de compensación interterritorial para corregir los desequilibrios.

Encaje constitucional

Para el catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de València, Vicente Garrido, la «financiación singular» que exige Cataluña «no tiene encaje en la Constitución del que se deriva una igualdad entre CCAA, con las excepciones de la disposición adicional primera, o de hechos diferenciales como la lengua o el derecho civil en algunas comunidades autónomas».

«Políticamente intuyo, como no puede ser de otra manera, una rebelión de las Comunidades Autónomas, frente a lo que es un intolerable privilegio hacia Cataluña, por razones por todos conocidas», añade.

Para el director de Fedea, Ángel de la Fuente, «si dejamos que los territorios ricos se queden con una parte mayor de este excedente, habrá menos recursos para financiar la redistribución, tanto a través del sistema de financiación autonómica como a través de políticas sociales de competencia estatal, lo que perjudicará especialmente a las regiones de menor renta, que son las que más se benefician de esas políticas».

«Un sistema así supondría un cambio cualitativo a peor del sistema de financiación y posiblemente de la naturaleza del Estado. Si el sistema de cupo se va extendiendo, se reducirán mucho las políticas redistributivas (excepto posiblemente dentro de cada territorio) y el Estado irá perdiendo gradualmente el control de los recursos tributarios que necesita para ejercer correctamente su función», añade De la Fuente, uno de los mayores expertos en financiación del país, en declaraciones a El Debate.

Esta rebelión, por cierto, se ha producido no solo en las comunidades gobernadas por el PP, sino también en Castilla-La Mancha, donde Emiliano García Page ha calificado esta cesión como «un precio demasiado caro por mantener un puesto». También en el PSOE extremeño se han producido críticas a los «chantajes» de la negociación del nuevo modelo de financiación.

Deterioro de la lucha contra el fraude

Por su parte, la Asociación de Inspectores de Hacienda denuncia que esta soberanía fiscal «supondrá el fraccionamiento de la Agencia Tributaria, el deterioro de la lucha contra el fraude fiscal y conllevará una sustancial merma de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos».

«Esta pretendida soberanía fiscal no está contemplada ni en la Constitución, ni en el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, ni en la LOFCA y conculca los principios de igualdad, de prestación de servicios mínimos esenciales y de solidaridad», agregan.