La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz
El Congreso convalida el decreto para el subsidio de desempleo
Se ha aprobado sin ningún voto en contra y la abstención de PP, Vox y UPN
El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el decreto que incluye la reforma del subsidio por desempleo, sin ningún voto en contra y la abstención de PP, Vox y UPN, y ha aceptado tramitar la norma como proyecto de ley.
Entre sus principales medidas, el decreto contempla un aumento por tramos de la cuantía del subsidio, de modo que pasaría de 480 a 570 euros al mes durante los primeros seis meses (80% del Iprem actual); amplía el colectivo de beneficiarios, y permitirá compatibilizar con un salario tanto el subsidio como la prestación contributiva de desempleo.
Al subsidio podrán acceder también personas víctimas de violencia de género o sexual desde los 16 años, así como emigrantes retornados, menores de 45 años sin cargas familias y trabajadores eventuales agrarios de todo el Estado.
También se establece un régimen de compatibilidad entre los subsidios agrarios de Andalucía y Extremadura con los del Régimen General y, adicionalmente, se compromete una reducción de las jornadas reales requeridas para acceder a los primeros como consecuencia de la sequía.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha encargado de defender el decreto desde tribuna, alegando que es una norma que «no debería haberse dilatado un minuto más su puesta en marcha», pues supone que «quien peor lo pasa» cobre 90 euros más al mes, que a su juicio supone la diferencia entre comer fruta fresca y pescado o no comerlo.
«No es una paguita, señorías, es un derecho que determinará la diferencia entre poder comer fruta fresca, pescado o no. Son 90 euros que permiten que muchas familias españolas, por desgracia, puedan vivir mejor», ha remachado.
Pero Díaz también ha dedicado parte de su intervención a agradecer a la patronal las aportaciones que ha hecho a la reforma del subsidio por desempleo, después de que la representatitividad empresarial en la mesa del diálogo social decidiera no sumarse al acuerdo entre sindicatos y Gobierno para diseñar el nuevo sistema del subsidio.
La norma mantiene en el 125 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) la base de cotización para los subsidios de mayores de 52 años, frente a la rebaja que introducía la primera reforma y que motivó el rechazo de Podemos a la misma al considerar que se recortaban los importes de la pensión futura.
«Dumping laboral»
A quien no ha gustado esta prelación de los convenios ha sido al PP. El diputado Ángel Ibáñez Hernando ha tachado de «inaceptable», «infumable» y un caso de 'dumping' laboral la prelación de los convenios autonómicos, pues considera que va a generar conflictividad y una inseguridad jurídica «permanente».
En su intervención ha recordado que el diálogo social ha protestado contra esta medida pactada entre PSOE y PNV, que precisamente no se incluyó en la reforma laboral de 2021.
«Sánchez hoy demuestra de nuevo que sigue en el Gobierno, pero no gobierna. Demuestra hoy que sigue acorralado por quienes le facilitaron la investidura y que cada día le ponen nuevos pagos para seguir en la Moncloa un tiempo más», ha reprochado.
