![Candados de viviendas de uso turístico en una céntrica calle del Casco Antiguo](https://imagenes.eldebate.com/files/new_main_image/files/fp/uploads/2024/06/26/667bd68c8c0e7.r_d.960-640.jpeg)
Candados de viviendas de uso turístico en una céntrica calle de Sevilla.
Barcelona, el gran laboratorio contra los pisos turísticos, asesta otro golpe al sector que no aliviará el precio de la vivienda
Los problemas de vivienda vienen de la época de Ada Colau, cuando Colboni era primer teniente de alcalde
En Barcelona hay contabilizadas 10.101 licencias de pisos turísticos, aunque algunas fuentes afirman que pueden ser muchas más fuera del control del Ayuntamiento, que el alcalde Jaume Colboni quiere anular para 2029 para garantizar el derecho a vivienda en la Ciudad Condal y hacer frente a la crisis inmobiliaria.
Durante el mandato de Ada Colau, de 2015 a 2023, se aprobó un plan urbanístico por el cual solo se permitía la apertura de nuevos hoteles en la periferia de Barcelona. Esto provocó que el mercado de alquiler de corta duración aumentara, ya que el turista quiere pernoctar en la ciudad y, si no hay plazas hoteleras, arrendará un piso. Además, prometió la construcción de 8.000 viviendas que nunca se edificaron.
Por entonces, Colboni era primer teniente de alcalde, así que los problemas actuales que sufre la ciudad de Barcelona fueron aprobados y ratificados por el actual regidor.
Otra de las luchas de la alcaldesa Colau fue el turismo. Se prohibió que atracaran cruceros cerca del centro de una ciudad que en ese momento recibía tres millones de cruceristas cada año procedentes de 800 barcos. Redujo esta llegada, con el apoyo de Colboni, para que Barcelona se convirtiera en una ciudad sostenible de cruceros.
También se prohibió la construcción del Museo Hermitage, para evitar la masificación. En definitiva, su intención era reducir el turismo en una ciudad que vive del turismo, ya que Barcelona ha dejado de ser un centro industrial y el tercer sector es el mayoritario desde hace años. Estas medidas supusieron pérdidas de empleos y una reducción de los 9.600 millones de euros que los turistas gastaban en la ciudad.
El alcalde Colboni dice ahora que hay una crisis de vivienda en Barcelona, que la gente se marcha porque no se construye vivienda nueva y los pisos en alquiler se destinan para el turismo. Lo cierto es que en la ciudad hay 5.474 pisos turísticos con 32.962 plazas concentrados principalmente en los barrios de Hostafranchs, Ciutat Vella, Vila Olímpica, Gracia, Sant Antoni, Poble Sec, Eixample y Poble Nou.
¿Puede cualquier persona poner su piso como alquiler turístico? Sí, siempre y cuando cumpla una serie de requisitos: debe tener cédula de habitabilidad; el interior de la vivienda debe de estar en perfecto estado de higiene y amueblado; debe disponer de un número de inventario de registro turístico de Cataluña que tendrá que ser facilitado a los turistas; y el propietario debe tener un teléfono disponible las 24 horas.
Estos apartamentos tienen un impacto económico de 2.919,46 millones de euros anuales
Estos apartamentos tienen un impacto económico de 2.919,46 millones de euros anuales, de los cuales 1.965,13 millones corresponden a gasto directo en otros ámbitos fuera del alojamento, y 10.417 empleos directos.
Uno de los grandes errores de Colboni –y que la Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur) ya ha advertido– es creer que eliminando licencias, los pisos pasarán automáticamente a ser viviendas de alquiler tradicional. Según esta asociación, de las 10.101 viviendas que hay en la actualidad, solo el 3 % pasaría a ser alquiler tradicional, apenas 300 pisos.
Federatur calcula también que estos apartamentos suponen para Barcelona unos ingresos de 1.555 millones repartidos en 355 millones de ganancia directa por los alquileres y 1.200 millones vinculados a actividades relacionadas con el turismo. Si hablamos del resto de Cataluña, los ingresos ascienden a 35,6 millones en Gerona, 260 millones en Tarragona y 190 millones en Lérida.
El PIB turístico de Cataluña es del 2,94 % gracias a los pisos turísticos. Si estos se redujeran un 5 %, la riqueza caería un 0,45; si la rebaja fuera del 50 %, la caída sería del 4,49 %. Es impensable que la medida que plantea Colboni se lleve a cabo dada la repercusión negativa que tendría sobre la economía catalana.
Ante esta tesitura, Federatur ha llevado al Tribunal Constitucional un recurso contra el decreto del alcalde, como ya hiciere el Partido Popular. Se avecina una batalla legal cuyo resultado podría traer consecuencias catastróficas para la ciudad.