Vivienda aprobará de manera urgente la limitación a alquileres temporales para «empoderar a los vecinos»

El Ministerio de Vivienda se ha reunido este miércoles con el Grupo de Trabajo para la regulación del alquiler de temporada. En ella, han trasladado las conclusiones de su último informe y tras analizar las distintas propuestas, van a activar distintos mecanismos con el fin de «salvaguardar los contratos de alquiler de temporada para lo que realmente son, temporales», ha explicado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

Por un lado, van a tramitar un real decreto urgente para modificar el artículo 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para concretar lo relativo a los alquileres temporales de forma que sus usuarios tengan que acreditar y justificar la causalidad a la hora de formalizar el contrato. «La temporalidad dependerá de la causa. Si es un curso escolar serán nueve meses. Para un acontecimiento cultural o deportivo será un mes o lo que dure. Y para una investigación científica puede ser un año, como 15 meses», ha explicado la ministra de Vivienda.

Por otro lado, estos contratos también tendrán que registrarse dentro de la plataforma de registro único que el Ejecutivo quiere crear según el reglamento de la Unión Europea 2024/1028, por el que se regula el intercambio de datos relativo al servicio de alquiler de alojamientos de corta duración, del que también formarán parte los alquileres turísticos y el alquiler de habitaciones. El Gobierno espera tener lista antes de 2025 -según EFE-. Pero mientras trabajan en una disposición adicional para que los actuales registros autonómicos y locales puedan ir dando cobertura.

Con esto, el ministerio de Vivienda pretende evitar que los propietarios burlen la LAU, dado el auge que está registrando esta modalidad para sortear la Ley de Vivienda y las tensiones que está provocando en el mercado residencial, en términos de acceso a una vivienda y de precios. Según un informe reciente de Idealista, la oferta de alquileres de temporada se ha disparado un 56 % en el primer trimestre del año hasta representar el 11 % del total.

Vivienda quiere dar toda la celeridad a este real decreto en las próximas semanas y espera tenerlo listo a finales de verano.

Reforma de la Ley de Propiedad Horizontal

Rodríguez también ha informado en este grupo de trabajo su intención de modificar la ley de propiedad horizontal. Con ella busca que las propias comunidades de vecinos puedan vetar los apartamentos turísticos en sus edificios, al considerar que las viviendas ejercen una actividad económica. «Se trata de empoderar a los vecinos, de garantizar la convivencia en las comunidades de vecinos y en las ciudades», ha asegurado la ministra de Vivienda.

También buscan que el alquiler turístico sea una actividad económica más y tenga los mismos criterios fiscales, entre ellos que soporten un IVA.

Para abordar este «ajuste quirúrgico», Vivienda va a iniciar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios, los sectores afectaos, plataformas en línea y agentes sociales.

«No puede haber una prohibición total»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra la política intervencionista del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda. «Tiene que haber una regulación, una intermediación y una seguridad. Pero lo que no puede haber es una prohibición total, como se pretende ahora», critica Ayuso.

En este sentido, ha advertido que el problema «va a ir a mayor si los propietarios de los pisos no se atreven a poner su vivienda en alquiler por la inseguridad jurídica que crean las nuevas normas y el intervencionismo de las administraciones». «Va a haber un momento en el que los dueños no van a querer comprar viviendas para ponerlas en alquiler y vamos a hundir todavía más la oferta y, por tanto, disparar los precios», ha alertado.

Por su parte, los sindicatos de inquilinos rechazan las medidas propuestas por el Ministerio de Vivienda, ya que consideran que son ineficaces, perpetúan prácticas abusivas y no ofrecen una protección adecuada para los inquilinos.

Apuntan, que el hecho de tener que justificar la causa que motiva el alquiler temporal deja fuera a quienes necesitan una vivienda de uso habitual y continúa vulnerando los derechos de quienes pueden justificar la causa, denuncian en un comunicado.