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Yolanda Díaz.

Yolanda Díaz.EFE

Yolanda Díaz se abre a retrasar la reducción de la jornada laboral para incluir a los empresarios tras su ultimátum fallido

Trabajo ofrece a CEOE un mayor margen en la distribución irregular de la jornada para atraerla al acuerdo

La reunión del Ministerio de Trabajo con los sindicatos y la patronal (CEOE y Cepyme) para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, sin una merma salarial, ha vuelto a terminar sin acuerdo.

Tras el encuentro, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha asegurado que «el Gobierno quiere alcanzar un acuerdo con todas las partes sentadas en la mesa: sindicatos y también patronal». Además, ha asegurado que van a dejarse «la piel para llegar a un acuerdo cuanto antes, pero nunca hemos puesto plazos». Trabajo podría estar, así, dispuesto a retrasar la entrada en vigor de la reducción de la jornada y explorar un mayor periodo de adaptación, aunque se niegan a demorarla hasta 2030, como habrían propuesto los empresarios.

Cabe recordar, que el pasado 24 de junio, dieron a la CEOE un ultimátum de siete días para que propusieran algo por escrito sobre la reducción de la jornada laboral o sino pactarían con los sindicatos la bajada a 37,5 horas en 2025.

Nuevas propuestas incorporadas

En el borrador presentado por Trabajo se incluyen dos nuevas propuestas. Por un lado, ofrece una mayor «flexibilidad» en la capacidad de las empresas para distribuir irregularmente el tiempo de trabajo en los sectores con ciclos productivos inconstantes a lo largo del año, como la agricultura o algunas actividades relacionadas con la hostelería, donde hay una mayor carga de trabajo en verano o en el momento en que hay que recoger los frutos.

Actualmente, las empresas pueden distribuir irregularmente hasta un 10 % de la jornada anual. Lo que se propone ahora es que ese 10 % quede referido a la jornada que tuvieran las empresas a la entrada en vigor de la norma y no a la nueva jornada reducida. Esto permitiría a que los trabajadores puedan trabajar más tiempo -un 10 % de la jornada anual actual-, y recuperar el descanso cuando haya disminuido la demanda.

«Esta mayor capacidad de distribución irregular durante el periodo que estimamos que vamos a aplicar la reducción de jornada permitirá una mayor adaptación a esos sectores productivos», ha explicado Pérez Rey.

Por otro lado, han propuesto un agravamiento de las infracciones relacionadas con el tiempo de trabajo que pueden provocar daños a la salud de los trabajadores. Preguntado por si este agravante implicará un aumento de las sanciones inicialmente propuestas en esta negociación -hasta 10.000 euros por trabajador con el que la empresa incumpla la ley- Pérez Rey ha indicado que no se trata tanto de las cuantías, sino que la sanción pase a considerarse de grave a muy grave.

Flexibilidad siempre que sea «razonable»

Por su parte, tanto el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, como el secretario de Estudios y Formación Sindical de CCOO, Carlos Gutiérrez, han indicado que aceptarán la flexibilidad propuesta por el Gobierno siempre y cuando los tiempos sean «razonables», pero han insistido en que la jornada debe reducirse lo «antes posible».

Así, Luján cree que se podrán encontrar «soluciones» en relación a la cuestión, pero ha insistido en que el Gobierno deberá aportar razones de «peso» para que los sindicatos vean necesario una flexibilidad a la hora de reducir la jornada, ya que el Ejecutivo debe «cumplir» con el compromiso del Gobierno de coalición y recortar el tiempo de trabajo en los plazos en los que se comprometió.

En esta línea, ha recordado que la última reducción de jornada, que se realizó en 1983, se hizo sin transitoriedad y «no vino el apocalipsis», por lo que ha hecho un llamamiento a CEOE y Cepyme a aceptar de manera clara la reducción de jornada y concretar su posición. «Hay que avanzar», ha subrayado.

En la mañana de este lunes, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, en una rueda de prensa previa a una concentración ante la patronal catalana, Foment, se ha abierto a negociar los plazos de la entrada en vigor de la reducción de la jornada laboral, pero para ello ha exigido que haya un acuerdo este verano. Si eso no ocurre ha amenazado con movilizaciones este otoño.

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