El gran agujero del ingreso mínimo vital: sus condiciones son «desproporcionadas» para los jóvenes

Las rentas mínimas han sido una de las banderas del Gobierno de coalición, con el ingreso mínimo vital (IMV) como principal referente. Sin embargo, estas prestaciones están contribuyendo a aumentar las tasas de pobreza juvenil y las desigualdades, según un estudio que ha comparado las ayudas en los países de la Unión Europea.

A pesar de estar concebidas como redes de seguridad de último recurso, estas prestaciones excluyen a ciertos segmentos de la población, especialmente los jóvenes. Estos se encuentran, a menudo, ante la imposibilidad de cumplir con los estrictos requisitos de cotización que imponen los programas contributivos, como el subsidio de desempleo, debido a su limitado historial laboral.

Por consiguiente, en periodos de crisis, los jóvenes independientes tienen que depender principalmente de métodos no contributivos de asistencia, como el IMV en el caso de España, pero estos a menudo presentan limitaciones de edad que les dejan fuera.

Como explica el informe Los sistemas de renta mínima y los jóvenes del Instituto Sindical Europeo (ETUI), el acceso a las ayudas exige, por lo general, unos ingresos en el hogar inferiores a un determinado umbral. Sin embargo, algunas de las condiciones pueden tener «un impacto desproporcionado en las personas más jóvenes», obstaculizando su acceso a los beneficios.

«Esas barreras no solo exacerban la vulnerabilidad financiera, sino que también contribuyen a problemas socioeconómicos más amplios, como el aumento de las tasas de pobreza juvenil y la desigualdad económica», explican los autores.

Es el caso del IMV en España. Esta ayuda se puede pedir a partir de los 23 años, salvo aquellas personas de entre 18 y 22 años que provengan de centros residenciales de protección de menores que hayan estado bajo la tutela de la Administración tres años antes de la mayoría de edad o sean huérfanos absolutos que no estén integrados en una unidad de convivencia. En el caso de las personas entre 23 y 29 años, deben haber residido en España de manera legal y efectiva al menos dos años antes de solicitar la prestación y haber vivido de forma independiente durante ese tiempo.

Esta limitación edad se estableció para evitar que se convirtiera en una renta de emancipación que, por cierto, se encuentra en los 30,3 años.

El Defensor del Pueblo denunció una posible situación de discriminación en la normativa del IMV

Esto deja fuera a unos 350.000 jóvenes, según denunció el Consejo de la Juventud, que realizó un estudio sobre la posible inconstitucionalidad de la prestación tras las alertas del Defensor del Pueblo por la posible situación de discriminación de la ley.

«No puede existir discriminación, solo en casos excepcionales y en caso de existir la diferenciación debe ser justificada por los responsables de la norma, en nuestro caso no se observa ni la justificación de la misma ni que su existencia se justifique en revertir desigualdades existes, todo lo contrario, su propia existencia redunda en acentuar la situación de desigualdad de las personas jóvenes», señalaba el informe del Consejo de la Juventud.

La nueva ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, anunció hace unas semanas que impulsaría la posibilidad de que el IMV se amplíe a los menores de 22 años y facilitar el acceso a partir de los 23, pero el Ministerio de Inclusión todavía no ha movido ficha.

De acuerdo con las estadísticas del Ministerio, dos terceras partes de los titulares de las ayudas son mujeres, con una media de edad de 45. Sin embargo, esta media baja a los 28,1 años si se trata de los beneficiarios totales. Si a eso le añadimos que España es el país con mayor tasa de desempleo juvenil, con un sonrojante 26,6 %, la situación es preocupante.