La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Las consultoras anticipan un caos laboral por el plan LGTBI de Yolanda Díaz
A pesar de llegar con retraso, la normativa obliga a empresas y sindicatos a reabrir miles de convenios para incluir el nuevo protocolo
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 4 de junio la tramitación del llamado «plan LGTBI» que obliga a las empresas a establecer un protocolo para este colectivo en el entorno laboral. Se trata de una medida que llega con tres meses de retraso y que obligará a reabrir miles de convenios, independientemente de la situación en la que se encuentren, con el consiguiente caos que supondrá para las empresas.
La situación es kafkiana. La Ley 4/2023 establecía un plazo para su entrada en vigor de un año que finalizaba el 1 de marzo de 2024. Sin embargo, no fue hasta finales de junio cuando Yolanda Díaz firmó con los agentes sociales el desarrollo reglamentario del mismo. La titular de Trabajo tuvo al menos la deferencia de no iniciar inspecciones durante ese periodo.
El acuerdo obliga a las empresas de más de 50 empleados, entre otras cosas, a negociar una serie de «medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI», incluyendo un «protocolo de actuación» para los casos de acoso o violencia contra este colectivo.
También se deben incluir cláusulas de igualdad de trato y no discriminación, así como medidas para eliminar estereotipos en los procesos de selección, la formación específica o la inclusión de infracciones y sanciones por comportamientos que atenten contra la orientación y la identidad sexual de los trabajadores.
El Gobierno, por su parte, y través del Consejo de Participación de las personas LGTBI dependiente del Ministerio de Igualdad, «recopilará y difundirá las buenas prácticas realizadas por las empresas en materia de inclusión de colectivos LGBTI y de promoción y garantía de igualdad y no discriminación».
Teniendo en cuenta que la Ley 15/2022 contra la discriminación ya sanciona preguntar en el entorno laboral sobre la pertenencia a minorías o la orientación sexual, cabe preguntarse hasta qué punto esta nueva normativa sirve para justificar las direcciones generales, observatorios y demás grupúsculos constituidos por el Ministerio de Igualdad durante el periodo de Irene Montero.
Reabrir convenios
Pero el principal engorro es que Trabajo establece un nuevo plazo de tres meses para incorporar las mencionadas medidas en los convenios colectivos de las empresas. Esto obligará a reabrir a empresarios y sindicatos, e independientemente de la situación en la que se encuentren los convenios, miles de acuerdos con el consiguiente riesgo que supone el estrecho margen ofrecido por el Gobierno.
Como recuerdan desde PwC, «es ilusorio pensar que no se aprovechará para volver a tratar otras, para lograr alguna ventaja o ganancia; especialmente cuando las empresas están presionadas para acordar estas medidas en un plazo de tiempo muy corto».
Además, añade la consultora, «resulta paradójico que, tras haber dejado pasar un plazo de un año para un desarrollo reglamentario absolutamente imprescindible», ahora se imponga «uno tan corto e irreal».
«Nos parece que se trata de un mandato de difícil cumplimiento, buscando demostrar el interés que se tiene en la cuestión de los derechos de estos colectivos, pero que tiene pocas posibilidades de cumplirse en sus propios términos, y que va a generar muchos problemas innecesarios», señalan. Como ya ha ocurrido en otras ocasiones, no será porque no estaban avisados.
