Las autonomías cuestionan a Montero por la financiación «singular» de Cataluña: «Es menos sanidad y educación para el resto»

Llegó el día. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha citado este lunes a los consejeros de Economía y Hacienda de las comunidades autónomas para abordar, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) una reforma del sistema de financiación. De fondo subyace la intención de las comunidades del PP para que el Gobierno explique la propuesta de modelo de financiación «singular» para Cataluña que tanto Montero como Pedro Sánchez han defendido públicamente en los últimos meses.

La reunión se celebra a propuesta de los consejeros autonómicos del PP, que el pasado 18 de junio reclamaron por carta a Montero la convocatoria del CPFF. Los populares defienden una reforma del sistema de financiación, «pero con datos, argumentos y sin privilegios para ningún territorio», y siempre que la negociación sea «multilateral».

La cita llega dos semanas después de que Hacienda desbloqueara, con seis meses de retraso, las entregas a cuenta a las regiones, paralizadas por la falta de Presupuestos. Se trata de un cheque de hasta 154.467 millones de euros. El retraso en la actualización, trasladan a El Debate desde una comunidad autónoma, estaba suponiendo un agujero para las cuentas regionales de unos mil millones mensuales.

«No existe ninguna razón que justifique un trato singular para Cataluña: más para Cataluña es menos sanidad, menos educación y menos atención a la dependencia para el resto», aseguró la consejera andaluza, Carolina España, la semana pasada en el Parlamento regional. España avanzó un «no rotundo» a cualquier propuesta de financiación que vulnere la Constitución.

Aunque Cataluña y el resto de autonomías de régimen común coinciden en reclamar una reforma del sistema, las posturas están alejadas. Los catalanes, representados por primera vez desde 2021 por un consejero de Economía –asistirá Natàlia Mas después de que el departamento enviara, en los últimos años, a personal de segunda fila sin capacidad de voto– insistirán en la necesidad de transitar hacia un modelo más similar hacia el cupo vasco para recortar su aportación a la caja común.

Para tratar de seducir al resto de autonomías, Cataluña ha propuesto la creación de un fondo de reequilibrio territorial, la herramienta donde canalizaría su aportación al resto de regiones. Pere Aragonès, actual presidente catalán en funciones, desveló no obstante durante una visita a Madrid que la aportación de la región sería «temporal» mientras el Estado «adelgaza» su estructura para acomodarse a la llegada de un menor número de recursos.

Por ahora los socialistas se han abierto a desarrollar un consorcio fiscal que, de manera compartida, gestione de forma compartida la recaudación tributaria, asumiendo el 100 % de los tributos que se recaudan en Cataluña (la Agencia Tributaria de Cataluña gestiona actualmente el 9 %).

Un agujero de 3.300 millones

Mientras, desde Andalucía consideran urgente crear un fondo transitorio de nivelación que compense a las regiones más perjudicadas por el actual sistema. Esta propuesta, defendida también por la Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha y la Región de Murcia, nace de un informe de Fedea que recoge que éstas regiones acumulan un agujero anual de 3.277 millones de euros. Según sus estimaciones, Murcia es la comunidad más perjudicada, dado que necesitaría 272 euros adicionales por habitante para alcanzar la media española, situada en 2.963 euros. Le sigue la Comunidad Valenciana, con 233. A continuación, Andalucía requeriría de 170 euros 'extra' por cada andaluz, y Castilla - La Mancha, 148 por cada castellano manchego.

Estas regiones han sido particularmente beligerantes contra la propuesta «singular» para Cataluña: el manchego Emiliano García-Page llegó a decir que es «un precio demasiado caro por mantener un puesto» mientras que el valenciano Carlos Mazón lo considera «una humillación para todos los españoles».

La asistencia de la consejera catalana es particularmente relevante, dado que el Gobierno necesita el voto a favor de una sola autonomía para validar un posible modelo de financiación singular para Cataluña, puesto que el Ejecutivo tiene la mitad de los votos. En cualquier caso cualquier decisión al respecto de calado deberá llevar pareja una reforma de la ley de financiación autonómica.

Andalucía exige a Montero «una propuesta por escrito como pedía cuando era consejera»

Desde Andalucía, España ha adelantado que exigirá a María Jesús Montero una propuesta por escrito «a partir de la cual podamos empezar a discutir». Es, recuerda la consejera, lo que pedía la propia Montero cuando era consejera, «y que prometió en 2021 que haría siendo ya ministra». En este sentido, recuerda que la propia Montero «decía hasta 2018 que el sistema de financiación autonómica necesitaba 16.000 millones de euros más cada año de nuevos recursos para que las comunidades pudieran prestar los servicios públicos fundamentales. Y que, de esa cantidad, 4.000 millones debían venir a Andalucía».