Los datos desmontan el supuesto maltrato fiscal de España a Cataluña

Cataluña no sufre ningún expolio fiscal. Lo han reiterado los expertos en numerosas ocasiones y vuelve a insistir en ello el think thank Fedea, que, en un informe firmado por su director ejecutivo, Ángel de la Fuente, concluye que los datos existentes «no avalan la tesis del maltrato», pese a que tanto Junts, el partido de Carles Puigdemont, como ERC insisten en ella para exigir una suerte de cupo para Cataluña, a semejanza del vasco o del concierto navarro.

De la Fuente, uno de los mayores expertos en financiación autonómica, reconoce que los datos existentes son «deficientes», pero suficientes para «alcanzar algunas conclusiones de interés». Entre ellas, la de que el grueso de los saldos fiscales regionales (entre dos tercios y tres cuartos) se debe simplemente a que en los territorios con mayor renta se pagan más impuestos».

«El tamaño del déficit de Cataluña es el que le toca de acuerdo con su nivel de renta»

Usando por ejemplo como punto de partida el saldo fiscal per cápita y el PIB per cápita de 2011, De la Fuente resalta que «la posición de Cataluña no llama en absoluto la atención». Puesto que esta comunidad está entre las regiones con mayor renta per cápita «lo esperable es que presente déficit fiscal, y así sucede (...) pero el tamaño de su déficit es aproximadamente el que 'le toca' de acuerdo con su nivel de renta».

Para reforzar esta conclusión, el experto realiza también una comparación, a iguales competencias y esfuerzo fiscal, por habitante ajustado, entre todas las comunidades autónomas de régimen común durante el período de 2002 a 2021. Situando la media en 100, Cataluña se mantiene justo en ella. Por el contrario, De la Fuente encuentra que Valencia sí se sitúa muy por debajo, con un 92,4, y Cantabria muy por encima, con un 119,6, «sin que existan motivos comprensibles para ello».

En un trabajo anterior, De la Fuente, también profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona, ya constató que la Comunidad Valenciana es la región más perjudicada por el sistema actual, con un 'agujero' de 1.148 millones de euros anuales. Por habitante, no obstante, Murcia resulta ser la más damnificada, con un déficit de 272 euros por habitante ajustado. Un desafortunado club en el que también figuran Andalucía y Castilla La Mancha.

El experto reconoce que existen «problemas» en el actual sistema de financiación, cuya reforma reclamaron unánimemente tanto las comunidades del Partido Popular como la socialista Castilla La Mancha durante el reciente Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). No obstante, los circunscribe a, «como máximo», una cuantía equivalente al 1 % del PIB nacional. Su reasignación, dice De la Fuente, «no debería ser una tarea imposible».

Ahora bien, para subrayar aún más que Cataluña no está maltratada por el sistema actual, el experto traza una comparación con el Véneto. «Cataluña tiene una renta relativa muy similar a la del Véneto y presenta un saldo fiscal muy parecido (de hecho algo más favorable)».

El ejemplo del F-16

¿De dónde surge, pues, la cifra de 22.000 millones de déficit fiscal que los independentistas esgrimen habitualmente contra el Estado? Una de las claves está en la metodología que suelen emplear, dado que prefieren recurrir al enfoque de flujo monetario, que encuadra los gastos en aquella región donde se realizan físicamente, sin territorializarlos aunque se beneficien de ellos también los ciudadanos de otras regiones.

Este enfoque, para De la Fuente, es claramente cuestionable. «¿Qué pasa, por ejemplo, con la compra de un F-16 asignado a la base aérea de Zaragoza que patrulla por todo el espacio aéreo español? De acuerdo con el flujo monetario el gasto se imputaría por entero a Aragón, pero es en EE. UU. donde se produce el avión –y se genera por tanto empleo y renta– y está claro que los beneficiarios de sus servicios somos todos los españoles».

Donde sí sale perjudicada Cataluña, reconoce el experto, es en la comparación con Navarra y País Vasco, dos comunidades con un régimen foral reconocido por la Constitución. Ahora bien, la conclusión al respecto de De la Fuente es, de nuevo, cristalina: «Resulta cuanto menos discutible que la ausencia de privilegios constituya base suficiente para una acusación de maltrato».

En cualquier caso, conceder a Cataluña un trato diferenciado supondría romper definitivamente con la caja común, como advertía en un reciente análisis en El Debate José María Rotellar, profesor de Economía y director del observatorio económico de la Universidad Francisco de Vitoria. «Sólo quedarían Madrid y Baleares como aportantes netas al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF) del Sistema de Financiación Autonómica (SFA), lo que se traduciría en una menor solidaridad con las regiones con menos recursos y pondría en peligro la prestación de los servicios públicos fundamentales en dichas regiones», afirma Rotellar.