Correos: cinco años de gestión calamitosa del amigo de Sánchez y un milmillonario rescate encubierto

Una inyección de varios miles de millones, entre tres y cuatro según los sindicatos, pondrá punto y final a la etapa de Juan Manuel Serrano como presidente de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos. Cinco años, cinco meses y 8 días, entre el 19 de julio de 2018 y el 27 de diciembre de 2023 que, según los sindicatos, no han servido sino para agravar la situación de crisis del operador postal público.

Durante este período, Serrano, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, ingresó cerca de un millón de euros, a razón de 207.000 por ejercicio, según consta en el Portal de Transparencia. En el mismo período Correos ha registrado unas pérdidas acumuladas cercanas a los mil millones de euros, según los sindicatos, muy críticos con el que no dudan en tildar de «el peor presidente» de una compañía con 300 años de historia.

«Nos ha dejado en una profunda crisis, al borde de la quiebra financiera y en zona de rescate», según trasladan desde Comisiones Obreras. Solo en 2023, de acuerdo con el sindicato, el agujero fue de 170 millones de euros, pese a la inyección de 247 millones de euros del Gobierno en concepto de prestación del Servicio Postal Universal (SPU), el conjunto de servicios postales cuya prestación garantiza el Estado en todo el territorio nacional y a precio asequible.

El año pasado la caída de envíos admitidos alcanzó, siempre según CC.OO., los 123 millones, un 8,9 %; la pérdida de patrimonio pasó de 851 a 724 millones (-14,89 %) y los fondos propios pasaron de 633 a 514 millones (un 18.8 % menos). «Solo hubo un ligero repunte en la cifra de negocio –2.110 millones frente a 1.960–, debido sin duda a la intervención de Hacienda, frenando parcialmente el desmantelamiento de Serrano y sus colaboradores en la segunda mitad de 2023».

Los sindicatos llevan meses denunciando la calamitosa situación de la compañía, lo que culminó, el pasado martes, en la firma en la sede de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) de un acuerdo para garantizar su sostenibilidad económica y financiera.

«Correos pasa en este momento por una situación que casi nadie entiende», explica a El Debate Manuel Aguilella Salgado, secretario de acción sindical del Sindicato Independiente de Correos (SiPcte). «No se contrata a nadie y las notificaciones administrativas se acumulan por miles en las oficinas. Donde debería haber diez trabajadores hay cinco, y donde debería haber cinco hay uno», añade.

Para tratar de revertir la situación, CC.OO., UGT, la Sepi y el nuevo presidente de Correos, Pedro Saura, han acordado impulsar los cambios necesarios para que Correos continúe siendo el operador designado para la prestación del SPU, en un entorno de creciente competencia de los operadores privados. Además, se revisará el marco de financiación del SPU a partir de 2024 para asegurar una compensación adecuada que cubra los costos reales, especialmente en zonas rurales y en declive demográfico.

Avisos de la CNMC

Esto llega después de varios avisos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En su último informe de supervisión, aseguró que Correos incumplió en 2022 (último año con datos disponibles) los objetivos de seguridad de los envíos, número de quejas y reclamaciones, tiempo medio de espera y gestión en oficina, y plazo de entrega de carta ordinaria y carta certificada, aunque mejoró en algunos indicadores de calidad.

En el caso, por ejemplo, de las quejas y reclamaciones, la desviación fue del 272,44 %, dado que Correos recibió 14,90 por cada 100.000 envíos cuando deberían ser cuatro o menos. También hubo desvíos importantes en los objetivos de incidencias en cartas y paquetería, y menores en cuanto al tiempo medio de espera en las oficinas, que se situó en 8 minutos y 31 segundos cuando debería permanecer por debajo de los 8 minutos.

«La gente está reventada y no da abasto», denuncia Aguilella, que asegura que no se ha notado «ningún cambio» desde la llegada del nuevo presidente, Pedro Saura, a principios de año. «Los trabajadores están agobiados y con una presión muy alta. Hay un gran desgaste», afirma.

«Los trabajadores están agobiados y con una presión muy alta. Hay un gran desgaste»

En otro informe, publicado en febrero, la CNMC constata además que los precios con descuento que Correos ofrece a grandes clientes, empresas y administraciones, para sus envíos de correspondencia «están por debajo de los costes reales de prestación del servicio (...) que hacen que incumpla su obligación de orientar los precios a los costes reales».

Durante el periodo de Serrano, además, Correos firmó al menos un acuerdo, con la compañía Evelop, para su intento de expansión internacional, que recoge entre sus cláusulas que la empresa pública asumiría íntegramente los resultados negativos, si se produjeran, como desveló El Debate.

Prestador de servicios esenciales

Bajo el acuerdo firmado esta semana, según traslada la SEPI, Correos se convertirá en un prestador de Servicios de Interés Económico General (SIEG) para la ciudadanía, similar al de otros operadores postales de países de nuestro entorno. «De ese modo, Correos se posicionará en toda la geografía española para la realización de trámites administrativos y otros servicios esenciales, además de incrementar la prestación de servicios financieros básicos que ya realiza», incluyendo también la prestación de bienes y servicios en situaciones de emergencia.

Lo firmado Incluye invertir 1.050 millones de euros (210 anuales) en reforzar la red, la prestación y la financiación del servicio público postal; 1.350 millones (270 anuales) para el reposicionamiento estratégico y otros 1.5000 millones de euros para el nuevo marco laboral y un plan de personas.

Este apartado incorpora, según CC.OO., la negociación de un convenio colectivo en este ejercicio presupuestario, excedencias voluntarias incentivadas y una oferta de empleo para garantizar la renovación y el rejuvenecimiento de la plantilla. También la implementación de la jornada de 35 horas semanales y mejoras retributivas ligadas a la flexibilidad y la productividad.

Aguilella, muy crítico con el acuerdo, del que asegura que su sindicato no ha sido informado, denuncia un intento de «desmontaje» de la empresa de cara a su privatización. «O eso o alguien se está llevando el dinero», asegura. «Pero la culpa no es del presidente anterior, o el actual, que es una marioneta». La culpa, considera, es «del Gobierno», que ha dejado «desatendida» una empresa de 52.000 trabajadores, una situación que, dice, comenzó a agravarse a partir de 2010.