Pere Aragonès y Salvador Illa en mayo de 2021
La cesión fiscal a Cataluña reaviva el rechazo de los funcionarios del Estado a depender de la Generalitat
Los inspectores de Hacienda avisan de acciones legales y CSIF dice que estará «vigilante». De fondo, el fin de la opción a pedir el traslado a otras regiones
El acuerdo entre PSC y ERC para investir a Salvador Illa ha vuelto a encender las alarmas de los funcionarios del Estado en Cataluña, que temen que, junto con las competencias en materia de financiación, sean sus propios puestos los que acaben también dependiendo de la Generalitat. Se trata de un temor que ya estuvo a punto de motivar una huelga de los trabajadores ferroviarios en los últimos meses, una amenaza que sigue latente.
El pacto establece que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) será el órgano encargado de asumir progresivamente «la recaudación, gestión, liquidación e inspección de todos los tributos que se generen en Cataluña». El primer tributo sería el IRPF, que según el acuerdo pasaría a manos de la ATC «a lo largo de 2026». Además, durante 2025 se explorarán fórmulas para que la Generalitat asuma también el IVA de las pymes «en función de su domicilio en lugar de la estadística de consumo» y el IVA de los arrendamientos turísticos cuando se apruebe la directiva europea.
La situación recuerda en cierta medida al traspaso de las competencias de seguridad de la Guardia Civil a los Mossos d'Esquadra a finales de los años 90, cuando centenares de agentes del orden pasaron al cuerpo autonómico mediante una pasarela que incluía tres meses de formación y un examen de catalán. La opción, sin embargo, cuenta con el rechazo frontal de los sindicatos.
Desde la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) afirman que utilizarán «todos los medios legales oportunos» para velar por los compañeros destinados en Cataluña. Fuentes del sector cifran en unos 300 los miembros del Cuerpo Superior la inspección destacados en la comunidad autónoma, a los que hay que sumar otros cerca de 4.000 trabajadores de la AEAT en territorio catalán, que se verían verían sin competencias si, como han pactado PSC y ERC, es Cataluña quién asume la recaudación del 100 % de los impuestos.
«No son ni serán nunca funcionarios de una supuesta Agencia tributaria catalana que no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico», afirma IHE
«No son ni serán nunca funcionarios de una supuesta Agencia tributaria catalana, que no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico por más que se quiera forzar y engañar a la ciudadanía con argumentos falaces», trasladan desde IHE.
El problema no es tanto salarial, dado que en muchos casos los sueldos son más altos en la Administración regional, sino que se cierra la puerta a la movilidad geográfica, dado que Cataluña no es atractiva por el alto nivel de vida. Como ya contó El Debate, por ejemplo, la DGT en Cataluña solo tiene cubierta, de media, un 65 % de su plantilla. En algunas zonas, como Sabadell, el porcentaje baja al 58 %.
«Vigilantes» y «preocupados»
De su lado, CSIF, el sindicato mayoritario en la administración pública ha trasladado que se mantendrá «vigilante» para garantizar «la seguridad jurídica, la independencia profesional, la adecuación de funciones y por supuesto las mejores condiciones laborales para el colectivo afectado». El sindicato se muestra además «preocupado» ante las consecuencias económicas derivadas del acuerdo de financiación.
Los sindicatos ferroviarios fueron los primeros en pronunciarse en contra de un posible traspaso de las empresas públicas estatales, Renfe y Adif, a la Generalitat. Llegaron de hecho a convocar cinco jornadas de huelga el pasado mes de noviembre, que suspendieron finalmente tras prometerles el ministerio de Transportes que no se produciría una segregación de los servicios –en contra de lo que afirmó ERC que se había acordado–.
Por ahora, las transferencias solo se han limitado a la financiación, pero los sindicatos recuerdan que mantienen abierta la conflictividad para poder emprender acciones en el momento que consideren indicado. Ahora bien, el pacto alcanzado esta semana prevé el traspaso de las primeras infraestructuras de Rodalies a la Generalitat durante 2025, así como la constitución de la nueva operadora entre 2024 y 2025.