Así empobrecería al resto de comunidades el cupo para Cataluña

dentro de la barbaridad que encierran los acuerdos entre el PSOE y los partidos independentistas catalanes, hay una especialmente llamativa. Es la propuesta de Junts de modificación de la LOFCA para que establezca una cláusula de excepción a Cataluña para cederles el 100 % de todos los tributos que se pagan en esa región, impulsando el PSOE medidas que faciliten la autonomía financiera de Cataluña, cosa que ERC también contempla.

Esta concesión de una especie de régimen foral que, aparte de ser de dudosa legalidad, o, más bien, completamente ilegal, rompe con la solidaridad entre regiones consagrada en la Constitución.

Todo ello es delirante. En cuanto a la petición de crear un régimen distinto al de régimen común, no puede tener cabida en nuestro ordenamiento legal, tal y como está estructurado el sistema de financiación de las CCAA, pues al marco general de la LOFCA y al de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, de financiación autonómica, hay que unir la Constitución, que no concede ninguna singularidad en materia de financiación de las CCAA más allá de las del País Vasco y Navarra, recogidas en la Disposición Adicional primera de la Constitución.

Otorgar un régimen especial a Cataluña supondría un agravio comparativo y quebraría la solidaridad interregional

Otorgar un régimen especial a Cataluña, un sistema propio, supondría un agravio comparativo y quebraría la solidaridad interregional. Sólo quedarían Madrid y Baleares como aportantes netas al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF) del Sistema de Financiación Autonómica (SFA), lo que se traduciría en una menor solidaridad con las regiones con menos recursos y pondría en peligro la prestación de los servicios públicos fundamentales en dichas regiones, por mucho que Sánchez intentase esquilmar más a Madrid.

El Gobierno puede intentar distintas actuaciones, pero todas quiebran el sistema de financiación actual y la solidaridad entre regiones, al tiempo que, aunque fuese la Administración General del Estado (AGE) quien aportase todo o parte de lo que dejaría de aportar Cataluña, el conjunto de españoles lo pagaría, además de pagar el 50% de IRPF e IVA y el 42 % de IIEE generados en Cataluña, pero que ahora van a la AGE y que si se les cediese se quedaría Cataluña al completo.

Se pueden establecer una serie de hipótesis que puede aplicar el Gobierno, aunque puede haber infinitas. Aquí vamos a analizar qué pasaría en cuatro supuestos:

- La parte neta que dejaría de aportar Cataluña es sufragada en parte por la AGE y en parte por Madrid y Baleares (las dos regiones que quedarían como aportantes netas al sistema).

- La parte neta que dejaría de aportar Cataluña es sufragada por Madrid y Baleares (las dos regiones que quedarían como aportantes netas al sistema).

- La parte neta que dejaría de aportar Cataluña es asumida como menores ingresos por todas las CCAA de régimen común en función al porcentaje de participación en el fondo (por población ajustada).

- La parte neta que dejaría de aportar Cataluña es asumida como menores ingresos por todas las CCAA de régimen común receptoras netas (no Madrid ni Baleares) en función del porcentaje que reciben de la aportación de Cataluña.

Partimos de que Cataluña, con la liquidación definitiva de 2021, última disponible, aporta neto al FGSPF 1.522 millones, Madrid 4.577 y Baleares 269. En total, 6.368. La AGE aporta 9.429 millones. Junto con la aportación de las tres CCAA suma 15.798.

Por otra parte, Cataluña recibe 811 millones del fondo de suficiencia. También recibe 1.130 millones del fondo de competitividad.

1. La parte neta que dejaría de aportar Cataluña es sufragada en parte por la AGE y en parte por Madrid y Baleares (las dos regiones que quedarían como aportantes netas al sistema).

El Gobierno está dispuesto a aportar los 1.130 millones del fondo de competitividad, que de no existir la DT 1ª. 8 en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, irían a la AGE, pero que van a Cataluña. De esa forma, la AGE no pierde nada, ya que llega a conseguir un ahorro en las transferencias a Cataluña, al compensar el FGSPF con el de suficiencia y el de competitividad, pero sólo asume lo que iría a la cuenta de la AGE de no existir la DT 1ª. 8.

Para llegar a los 1.522 de la aportación de Cataluña al FGSPF, restan 392 millones, que aportan entre Madrid y Baleares, en el peso que suponen sobre la parte regional del fondo sumando ambas (4.577+269= 4.846). Eso es un peso de Madrid del 94%, con lo cual sufraga 368 millones (alrededor de 350 según el año, horquilla entre 330 y 370 millones. Baleares sufraga el resto (24 millones).

2. La parte neta que dejaría de aportar Cataluña es sufragada por Madrid y Baleares (las dos regiones que quedarían como aportantes netas al sistema).

En ese caso, Madrid y Baleares aportan los 1.522 millones que deja de aportar Cataluña, con el peso antes citado, un 94% para Madrid, que son 1.432 millones y Baleares con 90 millones.

3. La parte neta que dejaría de aportar Cataluña es asumida como menores ingresos por todas las CCAA de régimen común en función al porcentaje de participación en el fondo (por población ajustada).

La población ajustada de las otras catorce regiones de régimen común es la siguiente:

4. La parte neta que dejaría de aportar Cataluña es asumida como menores ingresos por todas las CCAA de régimen común receptoras netas (no Madrid ni Baleares) en función del porcentaje que reciben de la aportación de Cataluña.

Cataluña, en 2021, último liquidado, aportó de manera neta el 9,64 % del FGSPF, con esos 1.522 millones de euros. Madrid aportó un 28,97 %, con 4.577 millones. Baleares aportó un 1,70 %, con 269 millones. La AGE aportó un 59,69 %, con 9.429 millones.

Pues bien, cada región receptora neta recibió en 2021 (último liquidado de manera definitiva) lo siguiente del FGSPF de forma neta (lo recibido es mayor que lo aportado en esta cantidad):

Al aplicar el porcentaje de participación de Cataluña en la aportación neta al FGSPF (9,64 %) sobre lo recibido neto por cada región receptora neta del FGSPF, se obtiene lo que reciben de Cataluña, que es lo que perderían. En este caso, las aportantes netas (Madrid, Baleares y la AGE) no pierden nada al no recibir nada de Cataluña.

En cualquier caso, ya sea con estas hipótesis o con otras, es, por tanto, un disparate legal que no tiene cabida en la Constitución –aunque seguro que se lo terminaría avalando el politizado TC– y técnico, y rompe con la solidaridad entre regiones, creando, en este tema también, ciudadanos de primera y de segunda.