El agravio de un cupo catalán aberrante e inconstitucional que rompe la solidaridad entre regiones

Pedro Sánchez no sabe qué hacer para que Salvador Illa sea presidente del gobierno regional catalán, y llevan mucho tiempo trabajando en dos vías: la condonación –total o parcial– de la deuda que Cataluña ha podido emitir gracias al Tesoro, y el conceder a esta región una especie de régimen foral, similar al de País Vasco y Navarra, que el propio candidato socialista llegó a definir como consorcio.

Dentro de la barbaridad que encierran los acuerdos entre el PSOE y los partidos independentistas catalanes, se encuentra la propuesta de Junts de modificación de la LOFCA para que establezca una cláusula de excepción a Cataluña para cederles el 100 % de todos los tributos que se pagan en esa región, impulsando el PSOE medidas que faciliten la autonomía financiera de Cataluña, cosa que ERC también contempla.

Esta concesión de una especie de régimen foral que, aparte de ser de dudosa legalidad, o, más bien, completamente ilegal, rompe con la solidaridad entre regiones consagrada en la Constitución.

La Constitución no concede ninguna singularidad en materia de financiación de las CC. AA. más allá de las del País Vasco y Navarra

Todo ello es delirante. En cuanto a la petición de crear un régimen distinto al común, no puede tener cabida en nuestro ordenamiento legal, tal y como está estructurado el sistema de financiación de las CC. AA., pues al marco general de la LOFCA y al de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, de financiación autonómica, hay que unir la Constitución, que no concede ninguna singularidad en materia de financiación de las CCAA más allá de las del País Vasco y Navarra, recogidas en la Disposición Adicional primera de la Constitución.

No es viable, por tanto, jurídicamente, porque sería tanto como concederles un régimen propio, como los forales, de manera individualizada. Los regímenes forales tienen cabida porque lo recoge la DA primera de la Constitución y a ella se remiten las DA primera y segunda de la LOFCA para poder otorgar a País Vasco y Navarra ese tratamiento singular, pero nada dice la Constitución de otras regiones, salvo que están enmarcadas en el régimen común. Por ello, en el caso de Cataluña o de cualquier otra región, no tendría cabida, al no tener cobertura constitucional.

Da igual, por tanto, que lo llamen cupo, como en el País Vasco, aportación, como en Navarra, o consorcio, como ha propuesto Illa; todo ello es lo mismo: insolidaridad por un lado, pues ninguna de las forales aporta para la solidaridad interregional que está recogida en la Constitución, ya que sus aportaciones son para pagar los servicios que la Administración General del Estado realiza en esas regiones; e impedimento para la competencia fiscal: sólo quieren poder quedarse ellos con todos los impuestos, pero con la regulación necesaria para que otros que gestionen bien no puedan bajar impuestos, no vaya a ser que pierden contribuyentes porque estos últimos voten con los pies, hecho que les aterra.

Para que hubiese un régimen singular para una de las quince de régimen común, debería ser reformado todo el sistema

Ni son constitucionales ni son viables las propuestas de Junts, ERC y PSC-PSOE. Para que hubiese un régimen singular para una de las quince de régimen común, debería ser reformado dicho sistema de régimen común para todas las CC. AA. de dicho régimen, que supondría ir a un federalismo fiscal, que significaría cambiar radicalmente el enfoque de la financiación regional en España, cosa que no gustaría ni a socialistas ni a independentistas: a los primeros, no les gustaría porque lo que desean es poder intervenir cuanto más mejor en todas las decisiones tributarias de todas las administraciones, como se ha visto con su intrusismo en el impuesto de patrimonio a través de su impuesto a las grandes fortunas o patrimonio bis, que, aunque haya sido avalado por el actualmente politizado Tribunal Constitucional, es claramente inconstitucional. A los segundos, no les gustaría porque temen a la competencia fiscal, porque saben de su pésima gestión y su incapacidad para competir en igualdad de condiciones, hecho que hace que quieran siempre un trato de favor.

Por tanto, individualmente, no parece constitucionalmente posible. Además, al hacerse de esa manera individualizada, incumpliría también con el artículo 2.c y 2.e, de la LOFCA, al no garantizar los mismos recursos base para la financiación de los servicios públicos fundamentales a todas las CCAA y al atentar contra la solidaridad, que haría incumplir también el artículo 2 y el 138.1 y 138.2 de la Constitución.

Actualmente, en el Sistema de Financiación Autonómica, hay tres regiones que aportan, de manera neta, al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF), que son Madrid, Baleares y Cataluña, por orden de mayor a menor aportación en porcentaje del PIB, tal y como se desprende de la liquidación de cada ejercicio, y que confirma la del último ejercicio con liquidación definitiva, que es 2021:

Si hablamos en valores absolutos, la que más aporta sigue siendo Madrid, la segunda es Cataluña y la tercera es Baleares.

Por tanto, otorgar un régimen especial a Cataluña, un sistema propio, supondría un agravio comparativo y quebraría la solidaridad interregional. Sólo quedarían Madrid y Baleares como aportantes netas al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF) del Sistema de Financiación Autonómica (SFA), lo que se traduciría en una menor solidaridad con las regiones con menos recursos y pondría en peligro la prestación de los servicios públicos fundamentales en dichas regiones, por mucho que Sánchez intentase esquilmar más a Madrid.

Es, por tanto, un disparate legal que no tiene cabida en la Constitución –aunque seguro que se lo terminaría avalando el politizado TC– y técnico, y rompe con la solidaridad entre regiones, creando, en este tema también, ciudadanos de primera y de segunda.

Algunos, al hablar del PSC lo incluyen en los partidos constitucionales, pero no lo es. Con esta propuesta, lo demuestra. Les guste o no, Cataluña es una comunidad autónoma como el resto, por supuesto no con menos derechos, pero tampoco con más. Cupo o consorcio; consorcio o cupo, es inconstitucional, aunque les moleste. No les asiste ningún derecho para querer vivir a costa del resto de españoles, por mucho que sus votos los pongan a la venta en el Congreso.

• José María Rotellar es profesor de Economía y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria