Expertos cuestionan que Sánchez ceda los impuestos a Cataluña tras intervenirlos en Madrid, Andalucía o Galicia

El pacto entre ERC y PSC por el que se ceden el 100 % de la recaudación de impuestos en Cataluña tiene, según los expertos, un difícil encaje constitucional y abre de facto una puerta para un cambio en el modelo del Estado. Lo vino a reconocer el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles al asegurar que es un paso «incuestionable» en la «federalización del Estado autonómico».

El acuerdo incluye una reforma de dicha ley, al igual que de la Ley de Cesión de Tributos de Cataluña de 2010, pero no hace ninguna mención a la modificación de la Constitución. Ello a pesar de establecer de facto la creación de un modelo de cupo para Cataluña, a semejanza del vasco o el navarro.

La Carta Magna «reconoce y ampara» los derechos históricos de los territorios forales en la disposición adicional primera, cosa que no hace con Cataluña, cuya financiación se regula, como el del resto de comunidades autónomas de régimen común, en base a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca).

«La concesión a Cataluña de un concierto económico es ilegal, rompe con el Régimen Común y va en contra de los principios constitucionales de igualdad y solidaridad entre los territorios», explica a El Debate Rafael Pampillón, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo.

Pampillón subraya además la incongruencia de que dicho modelo lo acepte un Gobierno que ha hecho lo posible por limitar la autonomía tributaria de las regiones, en particular de Andalucía y Madrid. «Ha dificultado que Andalucía y Madrid puedan atraer inversiones y contribuyentes a sus territorios a través de un instrumento fiscal legal como es la reducción del impuesto de Patrimonio. Para ello el Gobierno diseñó el Impuesto de las Grandes Fortunas», recuerda Pampillón.

Cabe recordar que el Tribunal Constitucional desestimó los recursos de ambas autonomías y de Galicia contra el tributo, el pasado mes de noviembre, pese a que las regiones consideraban que el conocido como «impuesto a los ricos» suponía una invasión de las competencias autonómicas en materia tributaria. Como consecuencia, Madrid, Andalucía y Galicia se vieron obligadas a recuperar el impuesto sobre Patrimonio, ya que de lo contrario la recaudación hubiera ido a parar al Ejecutivo central.

En 2020 la hoy vicepresidenta y ya entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también cargó contra la rebaja impositiva de medio punto en la Comunidad de Madrid, en un momento en el que el Ejecutivo autonómico buscaba reactivar la economía en plena pandemia de Covid. «Las comunidades autónomas no pueden, en su legítimo ejercicio de competencias, bajar la fiscalidad y luego pedirle al Gobierno de España que complemente los recursos que tiene porque necesitan reforzar la sanidad, la educación o cualquier otro servicio público», aseguró entonces Montero.

José María Rotellar, profesor de Economía y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria también ve «incoherente» que por un lado se cierre la puerta a que otras autonomías tengan autonomía fiscal mientras se da barra libre a Cataluña.

«Lo que quieren es el monopolio de todo lo que se recauda. Pero (si en Cataluña) consiguen finalmente el pacto fiscal, dirán que podrán hacer lo que quieran con sus tipos impositivos», anticipa, de manera similar a lo que ocurre en País Vasco y Navarra a pesar de que entre el clausulado de las Haciendas forales se incluye una salvaguarda que vincula su autonomía a que esté alineada con el resto de España.

Aportación limitada y opaca

El acuerdo de PSC y ERC incluye la entrega de una aportación por parte de Cataluña a cambio de los servicios que el Estado presta en su territorio o en beneficio de los catalanes (el documento no lo aclara) y en concepto de solidaridad territorial. Dicha aportación estaría no obstante limitada en base al principio de ordinalidad. Es decir, las contribuciones de las comunidades autónomas por habitante, ordenadas en una escala de mayor a menor, deben mantener el mismo orden que en la escala de lo que reciben».

Este modelo abre en cualquier caso la puerta a una aportación opaca y menor en cualquier caso a la actual. Cataluña es, junto con Madrid y en menor medida, Baleares, la única autonomía con una aportación positiva a la caja común. En 2021, Cataluña aportó 2.168 millones de euros a la caja común, por detrás de los 6.613 de Madrid. Baleares, por su parte, contribuyó con 334 millones netos, según los datos recopilados por Ángel de la Fuente, de Fedea, en ‘Estudios sobre la Economía Española 2023/25’.

«La cesión de la financiación es absolutamente insolidaria y viola los principios constitucionales básicos»

«La cesión de la financiación es absolutamente insolidaria y viola los principios constitucionales básicos sobre la financiación de las comunidades autónomas», consideraban igualmente desde la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, (IHE), uno de los colectivos más críticos con la medida.