Sánchez da a los independentistas el dinero de la sanidad y educación del resto de españoles

Pedro Sánchez ha llegado a un acuerdo con ERC para cederles la gestión de todos los impuestos, con una aportación, en forma de cupo, no bien definida todavía la forma, para sufragar los gastos en Cataluña de la Administración General del Estado (AGE), bajo el nombre de «concierto económico solidario», que no es otra cosa que un sistema fiscal propio, que quiebra la solidaridad interregional. Esto supondrá un quebranto para el conjunto de CC.AA., por lo que deja de aportar Cataluña, y para el conjunto de españoles vía la parte de los tributos recaudados en Cataluña que se quedaba la AGE.

Esta concesión de una especie de régimen foral que, aparte de ser de dudosa legalidad, o, más bien, completamente ilegal, rompe con la solidaridad entre regiones consagrada en la Constitución. Ese llamado «concierto económico solidario» no es más que un paso hacia la independencia –como la aberración de que puedan jugar campeonatos internacionales contra el conjunto de España selecciones regionales catalanas–. Obviamente, no es solidario, aunque, de creerlos, si así lo llaman es porque, indirectamente están diciendo que el Concierto Vasco y el Convenio Navarro no son solidarios, que realmente no lo son, pero los propios socialistas dejan al descubierto a sus otros socios.

No van a aportar nada. El cupo se calculará para que no paguen casi nada y la supuesta solidaridad quedará en agua de borrajas, siendo muy transitoria y escuálida en el mejor de los casos.

No es constitucionalmente posible. Además, al hacerse de esa manera individualizada, incumpliría también con el artículo 2.c y 2.e, de la LOFCA, al no garantizar los mismos recursos base para la financiación de los servicios públicos fundamentales a todas las CCAA y al atentar contra la solidaridad, que haría incumplir también el artículo 2 y el 138.1 y 138.2 de la Constitución.

Y el conjunto de españoles perderían mucho. Por una parte, todos al tener que renunciar la AGE a la parte de impuestos que se recaudan en Cataluña, y qué se queda la AGE: 50 % del IRPF, 50% del IVA, 42 % de los IIEE, 100 % de Sociedades, por hablar de los más relevantes.

Por otra parte, como ya conté hace semanas en El Debate, Cataluña dejaría de aportar a la solidaridad del resto de regiones, elemento que afectaría a la AGE –todos los españoles–, o a las otras dos regiones aportantes netas –Madrid y Baleares–, o a las CCAA perceptoras netas –el resto de régimen común–, o a todos, que es lo que sucedería.

Así, muchas comunidades con menos recursos, como Asturias o Castilla-La Mancha, podrían llegar a perder 38,5 millones y 127,5 millones cada año, respectivamente.

Son muchos fondos para esas regiones, quede dejarían de contar con ellos para pagar médicos, profesores o asistencia social, por poner unos ejemplos, mientras Sánchez entrega a los independentistas ese dinero de los ciudadanos donde gobiernan Barbón y Page para que abran embajadas independentistas mientras se los detrae a la sanidad asturiana o castellanomanchega. Estamos hablando de que supone dos décimas (Asturias) y tres décimas (Castilla-La Mancha) sobre el PIB el importe que cada año perderían, lo que les haría mermar esos servicios o incurrir en un mayor déficit que comprometería los objetivos de estabilidad a los que está obligado el Reino de España.

Por último, supondrá el desmantelamiento de la Agencia Tributaria, porque será la Administración catalana la que pase a recaudar, gestionar e inspeccionar los tributos en dicha región. ¿Qué sucederá con esos funcionarios?

Todo ello es una aberración que no se puede consentir: es inconstitucional, va contra la LOFCA, quiebra la solidaridad y concede, vía un sistema fiscal propio, una vía a Cataluña para que tenga más fácil lograr la independencia, a costa, eso sí, del conjunto de españoles, que verán mermados sus servicios para pagar los delirios de los firmantes del pacto: las embajadas y ensoñaciones independentistas, el sillón de Illa y el banco azul de Sánchez.

• José María Rotellar es profesor de Economía y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria