Claves y análisis del acuerdo planteado entre ERC y el PSC

Tras una reunión exhaustiva, la ejecutiva ERC cerró este lunes un preacuerdo con el PSC por el que acepta apoyar la investidura de Salvador Illa a cambio de cambios sustanciales en las financiación de Cataluña.

El pacto entre socialistas y republicanos se basa en dos pilares: un cambio en el modelo de financiación de Cataluña y un impulso al catalán. Según ha explicado la portavoz republicana, Raquel Sans, el preacuerdo contempla otorgar a Cataluña «la llave de la caja» de la financiación, que se concretaría en que la comunidad saldría del régimen común, recaudaría «el 100% de los impuestos» y pagaría al Estado un porcentaje en concepto de «cuota de solidaridad».

Esto implicaría, ha destacado Sans, una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y el impulso a la Agencia Tributaria de Cataluña, con traspaso de funcionarios, según ha deslizado Sans. El primer paso, ha dicho, será la recaudación del IRPF el año 2026. «No pasará de hoy para mañana, pero el calendario está pactado y consensuado con el PSOE», ha adelantado Sans.

Además se ha acordado crear una consejería de política lingüística y un nuevo impulso a la llamada resolución del conflicto político a través de una convención de partidos catalanes. Con todo, el acuerdo debe superar ahora el examen más difícil de todos: someterse a la votación de las bases republicanas.

La consulta de ERC a la militancia

El día siguiente a hacer público el acuerdo con los socialistas, Esquerra está explicando los detalles a la militancia y las asambleas se repetirán esta semana hasta la cita decisiva de viernes.

La dirección del partido quiere explicar bien que ha conseguido antes de la votación, consciente que entre las bases hay mucha desconfianza con el PSC, que Junts presiona para que Illa no sea presidente y que no es el mejor momento del partido, inmerso en una crisis de liderazgo.

De momento, el PSC se muestra prudente y ha convocado un consejo extraordinario para el sábado, una vez se sepa el resultado de la consulta a las bases de los republicanos.

Esquerra planteará este viernes a su militancia una pregunta con respuesta binaria --sí o no-- para que valore el preacuerdo a que han llegado con el PSC para la investidura de Salvador Isla como presidente de la Generalitat.

La dirección de los republicanos consultará las bases para saber si están de acuerdo a investir el candidato socialista a cambio de las cuestiones pactadas con el PSC, entre las cuales menciona la soberanía fiscal, la convención para la resolución del conflicto político y las iniciativas sobre el catalán.

Esta es la pregunta que regirá la consulta vinculante a la cual están gritados a votar unos 8.700 militantes del partido:

El análisis

Con el preacuerdo publicado recientemente y pendiente de la respuesta de la militancia, quedan muchas incógnitas encima de la mesa.

Desde El Debate hemos hablado con Guillem López Casanovas, presidente de la CAPEC i Catedrático de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), para poder hacer un pequeño análisis del documento.

Sobre si es suficientemente detallado para presentarlo a las bases de ERC, López contesta afirmativamente: en forma de preacuerdo sí lo es«. Añade que »cuanto más potencia quiere traslucir, más condescendiente con las bases, menos realista en ejecucion y tramitacion futura, pero es una ruptura del régimen común que se inicia con el IRPF".

Otro asunto que puntualizamos con López es que, en este acuerdo, se habla de concierto económico y no de financiación singular. El experto nos explica que el motivo es porque «no hay calculo de cargas asumidas ni cupua insolidaria; se quiere parecer al concierto foral aunque no lo es, sino que es trato singular». Pero es trato singular

El acuerdo aceptado por el PSC y ratificado a última por el Gobierno del PSOE asume el planteamiento de la propuesta de financiación singular. El economista explica que esta salida del régimen común, recaudación plena, «empezaría por el IRPF y con una «cuota de solidaridad» pendiente de acordar ».

Respecto a si se respetará o no el principio de ordinalidad, López explica que «ello dependerá de cómo se fije el pacto de solidaridad».

«Se empieza con el traspaso del IRPF, el impuesto más visible e identificador de la responsabilidad fiscal», explica. De esta manera, «no se rompe nada; la legislación normativa lo aprobamos entre todos en el Parlamento español.», aclara López Casanovas.

Según el catedrático, aumentar del 50% al 100% el IRPF «requiere poner después competencias de gasto ahora subrogadas con transferencias ad hoc (cercanías, mínimo vital y sobre todo el pedido de las inversiones que preveía el Estatuto, tanto en la cuantía (según Pib) como en su potencial ejecución».

López Casanovas añade también que esta medida serviría para «reajustar, si hiciese falta la cifra global de recursos, manteniendo la participación en los impuestos especiales, para hacer neutral el impacto en el presupuesto propio del Estado, sin perjuicio».

¿Qué es el principio de ordinalidad?

En el documento del preacuerdo, ambas formaciones han detallado que «Cataluña aporta al sistema de financiación más de lo que recibe, debido a que cuenta con un mayor nivel de renta y consumo que otros territorios», por lo que, como destacan en su pacto, no corresponde a «un modelo de solidaridad entre territorios».

El principio de solidaridad recogido en el artículo 2 de la Constitución española vela por el «establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.» El artículo 138 de la Constitución, además, establece que el Estado garantizará la realización efectiva de este principio y detalla que las «diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.»

ERC y PSC insisten en su preacuerdo que Cataluña continuará aportando a la solidaridad territorial, pero esta deberá ser transparente y explícita. «La aportación debe ser explícita, reflejando de manera transparente cuánto aporta y cuánto recibe, de manera que la contribución a la solidaridad de Cataluña sea conocida y reconocida.»