El 'concierto catalán': 300 años de bulos y victimismo y una fórmula a la que solo aspiró Artur Mas

En el preacuerdo para investir como presidente de la Generalidad de Cataluña a Salvador Illa, PSC y ERC han llegado a un acuerdo conocido como financiación singular a través del cual se le concederá a Cataluña la llave de la caja de la financiación. Esto se concretaría en que la comunidad saldría del régimen común, recaudaría el 100 % de los impuestos y pagaría al Estado un porcentaje en concepto de cuota de solidaridad.

Supone una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y el impulso a la Agencia Tributaria de Cataluña, con traspaso de funcionarios. El primer paso será la recaudación del IRPF el año 2026.

Para los nacionalistas catalanes, todos los males vienen de la guerra de Sucesión, que finalizó en 1714 con el Decreto de Nueva Planta. «Cataluña perdió sus privilegios y fue invadida por España, porque antes de esta fecha era un país independiente», según su razonamiento. Todo esto es falso. El Decreto de Nueva Planta significó que las instituciones catalanas se modernizaran.

El Decreto abolió las fronteras comerciales interiores y exteriores. Esto significaba que un fabricante de paños que tenía la fábrica en Igualada, por ejemplo, tenía que pagar tres tributos a los nobles de aquellos territorios si quería vender sus productos en Barcelona. Este arancel, conocido como fuero, fue abolido. Por lo que respecta a las fronteras exteriores, hasta ese momento sólo Cádiz y Sevilla podían comercializar con América. A partir de ese momento cualquier puerto español podía hacerlo. A partir del 1714 Cataluña tuvo el monopolio del textil, metalurgia, licores y tráfico de esclavos.

También es falso que se arruinara la economía catalana. Si bien es cierto que una parte del barrio de la Ribera barcelonés fue derribado, perdiéndose muchos comercios, estos se trasladaron a la comarca del Maresme. La economía se descentralizó de Barcelona a otras comarcas. Municipios del interior, como Manresa e Igualada, ganaron presencia económica y más después de la supresión de los aranceles. Con lo cual se creó una red industrial, donde cada uno elaboraba productos, estos se trasportaban a Barcelona, para que desde allí se exportaran. Así pues, la economía catalana creció, se especializó y se fortaleció.

Gracias a este crecimiento económico se llegó a lo que se conoce como Fiebre de Oro, en 1876. Los condicionantes económicos favorecieron la proliferación de la burguesía. En gran parte el crecimiento se debió a la filoxera en Francia y España. Al quedar Cataluña inmune a esta plaga se favoreció las exportaciones vinícolas. Fue tal el esplendor económico que, solo en 1881, se fundaron 20 bancos. Aunque hubo una desaceleración, la Exposición Universal de Barcelona, en 1888, reactivó todo el sistema económico vinculado con la industria.

La burguesía se quejó ante el rey por los convenios comerciales con Gran Bretaña y el intento de unificar el derecho civil

A pesar de estos inmejorables índices económicos, en 1885 la burguesía catalana le presentó a Alfonso XII lo que se conoce como Memorial de Greuges (agravios). No le pidieron al rey una financiación singular, todo lo contrario. Dos eran los puntos que les molestaban a la burguesía catalana y, por eso, se quejaron al rey: en primer lugar los convenios comerciales con Gran Bretaña y, en segundo lugar, el intento de unificar el derecho civil.

En las Bases de Manresa, 1892, donde el nacionalismo catalán puso las bases políticas y económicas de cómo quería regularse en un futuro, se estableció algo parecido a la actual financiación singular. En la base sexta podemos leer que «Cataluña será la única soberana de su gobierno interior, por tanto dictará libremente sus leyes orgánicas; cuidará de su legislación civil, penal, mercantil, administrativa y procesal; establecimiento y percepción de impuestos; acuñación de moneda y tendrá todas las demás atribuciones inherentes a la soberanía y que no correspondan al poder central según la base primera».

En la base primera, entre otras cosas, quedaban a cargo del poder central «las relaciones económicas de España con los demás países y en consecuencia fijar los aranceles y el capítulo de Aduanas. La formación del presupuesto anual de gastos que, en lo que no alcancen las rentas de Aduana, deberá distribuirse entre las regiones en proporción de su riqueza».

Tanto Macià como Companys proclamaron el Estat Català dentro de la República federal española

Con la proclamación de la II República se creó la actual Generalidad de Cataluña. Todo lo que hubo con anterioridad, que algunos proclaman cono una institución milenaria, era un órgano recaudador de impuestos. Tanto Francesc Macià, como Lluís Companys en 1934, proclamaron el Estat Català dentro de la República federal española. En ningún momento un sistema de financiación singular. El régimen económico para Cataluña quedó establecido en el Estatuto de Núria de 1932. Un régimen compensatorio, que se copió en el Estatuto de Sau de 1978. En ningún momento se estableció un régimen especial. Todo lo contrario. La Generalidad tenia potestad de recaudar impuestos y se compensaban con las aportaciones del Estado. En el articulado del de Núria podemos leer…

«Cada cinco años se procederá por una Comisión de técnicos nombrados por el Ministerio de Hacienda de la República y por la Generalidad a la revisión de las concesiones hechas en este Artículo. Tanto los impuestos cedidos como los servicios traspasados a la Generalidad serán calculados con un aumento o con una rebaja igual a la que hayan experimentado unos y otros en la Hacienda de la República. La propuesta de esta Comisión será elevada a la aprobación del Consejo de Ministros. En cualquier momento, el Ministro de Hacienda de la República podrá hacer una revisión extraordinaria en el régimen de Hacienda del presente Título, de común acuerdo con la Generalidad, y si esto no fuere posible, deberá someterse la reforma a la aprobación de las Cortes, siendo preciso el voto favorable de la mayoría absoluta del Congreso».

Diferente es el concierto económico del País Vasco. Este existe desde finales del siglo XIX. En concreto desde el 18 de febrero de 1878, cuando el rey Alfonso XII lo firmó. Con él, cada una de las haciendas locales se encargaría de recaudar los impuestos y tributos concertados. En la actualidad son 24. Con ese dinero se financiaría el gobierno vasco, las diputaciones y los ayuntamientos. Al Estado se le debía aportar el 6,24 % de lo recaudado, que se conoce como cupo vasco.

Los partidos catalanes le dijeron a Pujol que si Cataluña obtenía el concierto «se desequilibraría todo»

En el momento de restablecerse la democracia y la vuelta de las instituciones autonómicas, como la Generalidad, se le propuso al presidente Jordi Pujol, teniendo en cuenta que Cataluña era una Comunidad Autónoma histórica, tener el mismo concierto que el País Vasco. Según explicó Pujol, la mayoría de los partidos catalanes se opusieron. Le dijeron a Pujol que no podían dar el concierto económico a Cataluña porque la economía catalana era demasiado importante para España, más que la vasca. Pujol aseguró que en aquella reunión le dijeron que si Cataluña obtenía el concierto «se desequilibraría todo». Sus interlocutores le dejaron claro que el hecho característico del Estatuto vasco sería el concierto económico y el del catalán sería la lengua. Cuando se negociaba el Estatut de Sau prácticamente todo el resto de los partidos catalanes que estaban negociando le dieron la espalda. Solo cuatro de los presentes, según Pujol, tres de Convergència y uno de Esquerra, votaron a favor. «Todos los otros en contra». Por su parte Pedro Luis Uriarte, exconsejero de Economía vasco, afirmó que el gobierno de Adolfo Suárez ofreció el concierto a los nacionalistas catalanes y estos lo rehusaron. Aseguró que él fue testigo directo de la oferta. «Pujol y Roca no quisieron asumir el riesgo del concierto económico».

En 2008 el presidente José Montilla consiguió un sistema de financiación para Cataluña que, según sus palabras, «sería el mejor de la historia». Y lo firmaron ERC y ICV. Pues bien, en 2010, Artur Mas no pensaba lo mismo y aseguraba que «la prioridad es levantar el país económicamente porque la relación entre Cataluña y el resto de España dará mucho que hablar. Lo primero debe ser superar la crisis económica, que no llegará hasta que el paro sea inferior al 10 %, frente al 18 % actual». La realidad es que su prioridad era tener dinero para poder seguir adelante con las embajadas y con todo el sistema financiación que estaban llevando a cabo para internacionalizar una situación política.

Por eso se entrevistó con Mariano Rajoy y le pidió el mismo concierto económica del País Vasco para Cataluña. Para Mas la meta era conseguir que Cataluña decidiera sobre el tipo de impuestos y la recaudación de todo su sistema fiscal y considerara por sí misma los niveles de solidaridad con el resto del Estado. Asegurando que «el concierto económico tal y como lo disfrutan País Vasco y Navarra significaría superar el actual marco estatutario, rebajado tras la sentencia del Estatut del Tribunal Constitucional, porque con el actual marco autonómico Cataluña no puede aspirar a recuperar gran parte de lo que aporta al Estado por la negociación de la financiación autonómica. Y no podemos seguir aportando ad eternum el dinero porque empobrece el país y perjudica a los siete millones de catalanes. Por eso vamos a priorizar obtener el concierto económico como disfruta País Vasco, Navarra y las Islas Canarias con distintos nombres de concierto y para homologarnos con los landers alemanes». ERC ha conseguido, gracias a Pedro Sánchez, el gran acuerdo fiscal que perseguía Mas, dejando a Junts fuera de juego.

Así pues, como decíamos, para que Salvador Illa sea presidente de la Generalidad, se plantea una financiación singular. Una medida inspirada en el llamado cupo vasco que tiene como objetivo que la Generalitat recaude el 100 % los impuestos que se pagan en Cataluña, en vez del actual 9 %, y que, después, se transfiera al Estado una parte a determinar por los servicios que presta en la comunidad, más otra partida para «contribuir a la equidad entre territorios». Esto implicaría que de los poco más de 25.600 millones recaudados, sin contar los casi 4.900 millones de tributos propios, la Generalitat podría ingresar hasta casi 52.000 millones. Las partidas se acordarían y revisarían periódicamente, en el marco de «un mecanismo bilateral» entre la Generalitat y la Administración Central.