Más del 60 % de los potenciales beneficiarios del aval ICO no pasaría el estudio financiero de los bancos
Los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que pretenden facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes de hasta 35 años y aquellas familias que tengan menores a su cargo, parece que no van a tener el efecto esperado. Así lo confirma el Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España (COAPI), que asegura que en más del 60 % de los casos esta medida no permitirá la compra real de una vivienda.
En febrero, el Consejo de Ministros definió los requisitos necesarios para poder optar a la línea de avales del Estado y sus condiciones. El importe destinado a esta medida es de 2.500 millones de euros y podrán acceder a ella aquellas personas cuyos ingresos brutos anuales no superen los 37.800 euros, aunque en caso de que la vivienda sea adquirida por dos personas, el límite de ingresos será de 75.600 euros anuales.
La medida cuenta con factores de mejora en función del número de hijos y de si la familia es monoparental. Así, el límite se incrementará en 0,3 veces el IPREM, 2.520 euros brutos anuales, por cada menor a cargo y, además, en el caso de la familia monoparental se podrá incremente en un 70 % adicional.
A pesar de cumplir estos requisitos, los españoles que soliciten esta ayuda deben ser solventes y tener un salario «aceptable» para que las entidades financieras les concedan la hipoteca. Es por esto por lo que los COAPI consideran que a más de la mitad de los solicitantes no se les proporcionaría este aval, porque «no cumplirían con los requisitos de las entidades bancarias ni pasaría un futuro estudio de solvencia financiera para la concesión del préstamo hipotecario».
Es decir, «acaba siendo una medida insuficiente para que los más jóvenes puedan acceder al mercado de compra», alertan desde el Consejo General.
Límites al alquiler y soluciones
Los COAPI insisten en que «el momento de relativa certidumbre que estamos atravesando ha de ser aprovechado por las Administraciones Públicas para relanzar un sector que ha sufrido muchos vaivenes económicos y legislativos en muy pocos años».
Uno de los aspectos a los que hace referencia es a la limitación de los precios del alquiler a nivel nacional. El Consejo General critica el «efecto dominó que puede suponer», algo que ya ha ocurrido en Cataluña. «Generaría una reducción de la oferta disponible y un aumento del precio medio de las rentas, es decir, un resultado diametralmente opuesto al que persigue la medida», aseguran.
Esto supondría, también, «un deterioro del parque inmobiliario privado, ya que los propietarios dejarán de invertir en el correcto mantenimiento de sus viviendas para seguir obteniendo una mínima rentabilidad por su alquiler».
Algo que podría ayudar a aumentar y modernizar nuestro parque residencial, según el Consejo General, es el aprovechamiento de los fondos europeos Next Generation que, tal y como recalcan en el comunicado, sigue estando por debajo de lo que el sector necesita. Pero también ayudaría la creación de «políticas fiscales que fomenten la inversión inmobiliaria e inviten al capital privado a promover y mejorar un sector que, hasta el momento, lo único que ha recibido son cambios en su regulación y una fiscalización excesiva».
