Las autonomías del PP crearán un servicio de apoyo y de asesoramiento jurídico para las víctimas de okupación

A finales del año 2022, había en España 78.800 viviendas ocupadas, según datos del Colegio de Economistas de Cataluña y del Institut Cerdá. Y solo en 2023 se registraron más de 15.000 denuncias por ocupación ilegal. Este es un problema que cada vez preocupa más a los propietarios.

Ahora, las autonomías gobernadas por el Partido Popular pondrán en funcionamiento un servicio de atención y asesoramiento jurídico para personas víctimas de la okupación. Así lo ha anunciado Paloma Martín, la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP.

Martín ha explicado que la idea de esta propuesta es que aquellas familias afectadas por la ocupación tengan la posibilidad de disponer de información y orientación jurídica para intentar hallar una solución al problema.

Según ha expuesto Martín desde la madrileña sede de Génova, son entre 15.000 y 17.000 los delitos y faltas que cada año se producen en España en materia de ocupación, y desde que Pedro Sánchez está en la Moncloa estos delitos se han incrementado en un 39%.

«Frente a esto, las comunidades autónomas gobernadas por el PP van a dar una respuesta, van a poner en común servicios para atender a las víctimas de la ocupación, a esas familias que han dedicado el ahorro de toda una vida a comprar un piso para ponerlo en alquiler y que ven que es ocupado o que dejan de pagar los inquilinos el alquiler», ha argumentado Martín.

Propia Ley de Vivienda

Asimismo, Paloma Martín ha recordado que el PP presentará su propia ley de suelo y vivienda en el Senado, un texto en el que los de Alberto Núñez Feijóo llevan trabajando julio y agosto y que, subraya la vicesecretaria, es «reformista» y busca dar respuesta «a las necesidades de la vivienda en España».

«Las decisiones del Gobierno de Sánchez vienen estrangulando el mercado de la vivienda en los últimos años, y esta situación hay que revertirla», ha argumentado Paloma Martín, para advertir también que la vivienda se está convirtiendo en una «emergencia nacional» ante el incremento de precios y la ocupación que, asegura, han provocado la Ley de Vivienda aprobada en la legislatura pasada.