Sánchez evidencia su debilidad al llevar al Congreso por cuarta vez en un año el trámite para arrancar los Presupuestos

Vuelta, por cuarta vez, a la casilla de salida. El Consejo de Ministros dará previsiblemente luz verde de nuevo este martes a la senda de déficit, el primer paso para la confección de los Presupuestos Generales del Estado para 2025. Lo hará sin que el Gobierno siga sin tener asegurado el suficiente apoyo parlamentario. De ahí que, aunque en público se insista en que habrá nuevas Cuentas para el año que viene «en tiempo y forma», como insiste María Jesús Montero, en privado ya se haya deslizado a algunos medios que la legislatura no decaerá si finalmente las Cuentas no salieran adelante.

Junts ya tumbó, en julio, la anterior propuesta; ERC está a la espera de avances en la cesión fiscal a Cataluña y Coalición Canaria ha amenazado a la vicepresidenta y ministra de Hacienda con un «replanteamiento» de su relación por el «engaño» del Cupo catalán. Será la cuarta vez que la senda de déficit llegue al Congreso, que ya votó favorablemente la de 2024 el 10 de enero y el 29 de febrero.

Entonces fue el Senado quien rechazó el trámite, haciendo gala de una competencia que posteriormente el Ejecutivo le arrebató a través de una enmienda a la Ley de Paridad. Sorteado así el poder de veto en la Cámara Baja, donde el PP tiene en esta legislatura la mayoría absoluta, en julio fue Junts quien la rechazara, en la tercera votación en el Congreso, ya con vistas a elaborar las Cuentas de 2025.

En julio, el Ejecutivo presentó una senda fiscal que contempla un déficit público del 2,5 % en 2025, el 2,1 % en 2026 y el 1,8 % en 2027. Además, Montero trasladó a las autonomías en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que podrán incurrir en un déficit del 0,1 % en 2025, 2026 y 2027, frente a la anterior obligación de superávit del 0,1 % en 2025 y 2026.

La vicepresidenta comunicó igualmente un techo de gasto, sin incluir los fondos europeos, de 195.353 millones de euros, un 3,2 % más que en 2024. Suponen 6.138 millones más sobre una cifra que ya fue récord. Sobre este último punto el Gobierno únicamente informa a las Cámaras, sin necesidad de recabar su apoyo.

En caso de que el trámite presupuestario vuelva a ser rechazado, en alguno de sus puntos, por las Cámaras, el Gobierno tendrá sobre la mesa prorrogar de nuevo las Cuentas de 2023. Al contrario que en 2019, cuando la falta de apoyos llevó a Sánchez a convocar elecciones, el presidente parece inclinarse ahora por continuar en cualquier caso la legislatura. Ya entonces Sánchez tuvo que lidiar con unos Presupuestos prorrogados durante dos años consecutivos, aunque entonces fueran los últimos elaborados por Cristóbal Montoro.

La nueva prórroga presupuestaria permitiría afrontar sin problemas los gastos corrientes e ir incluso más allá. De hecho, el Ejecutivo ha sido capaz de hacerse con el 10 % de Telefónica este año por cerca de 2.000 millones de euros, recurriendo, eso sí, a una fórmula considerada «poco ortodoxa» e incluso «irregular» por parte de algunos expertos: reaprovechando partidas no consumidas del Capítulo 8.

Posibles problemas

«Para seguir financiando los servicios públicos no hay problema porque los PGE se prorrogan automáticamente», trasladan fuentes empresariales. Ahora bien, puede suponer un obstáculo si, por ejemplo, el Gobierno quisiera introducir «novedades importantes» en licitaciones ya previstas, afirman las mismas fuentes.

Prorrogar los Presupuestos por segunda vez consecutiva sería «una mala señal», según el Círculo de Empresarios

Precisamente este lunes el Círculo de Empresarios alertó de la «mala señal» que supondría prorrogar los Presupuestos por segunda vez consecutiva, calificándolo de «oportunidad perdida» en una situación «de buena dinámica económica aunque con fuertes incógnitas». Desde la organización que preside Juan María Nin recuerdan asimismo que este mismo mes de septiembre el Ejecutivo debe presentar a Bruselas el nuevo plan fiscal estructural a medio plazo, lo que supondrá de facto la vuelta de la disciplina fiscal tras la relajación motivada por la pandemia y la invasión rusa de Ucrania.

En mayo, después de que Pedro Sánchez optara por renunciar a las cuentas de 2024, un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE) cuestionó la «falta de justificación» de que un Gobierno que no está en funciones renuncie a presentar Presupuestos «por la dificultad de alcanzar acuerdos por la fragmentación parlamentaria». Presentar los PGE es, según la Abogacía del Estado, «una obligación constitucional» del Ejecutivo.

El artículo 134 de la Constitución habilita al Ejecutivo, además, a modificar los Presupuestos, pero siempre que dicha modificación se produzca mediante una tramitación parlamentaria, para dar así cabida a las modificaciones que quieran incorporar los grupos parlamentarios, según el IEE.

A este respecto, el think thank de CEOE cuestionó que el Gobierno articulara la prórroga presupuestaria a través de un decreto ley. «(La prórroga presupuestaria) no precisa de ningún medio para su instrumentación, por lo que realmente su objetivo es, en la práctica, la modificación del Presupuesto del ejercicio prorrogado (...) siendo rechazable e irregular», cuestionó el informe del IEE, elaborado por los catedráticos Miguel Ángel Martínez Lago, de la Universidad Complutense, y Santiago Lago Peñas, de la Universidad de Vigo.