Yolanda Díaz propone prohibir la compra de vivienda en zonas tensionadas si no es para uso habitual
La ministra de Trabajo presenta las propuestas de Sumar a los Presupuestos Generales. Díaz pretende implantar un «impuesto de solidaridad» a herencias de más de un millón de euros
Yolanda Díaz ha presentado este lunes las propuestas de Sumar para los Presupuestos Generales del Estado en 2025, un texto que abunda en el endurecimiento de la fiscalidad para rentas altas y el aumento de prestaciones. Además, plantea aplicar un impuesto para las herencias de más de un millón de euros y la retirada de ayudas a la vivienda a las comunidades que se hayan negado a aplicar dicha ley.
La gallega no ha hecho ninguna referencia a la generación de la riqueza o el impulso de nuestra economía. Muy al contrario, las medidas de Sumar han ido encaminadas a mantener y hacer permanente los gravámenes especiales a la banca y energéticas, así como reducir el capital requerido por el impuesto a grandes fortunas de tres millones a solo uno.
Además, Díaz pretende imponer un nuevo «impuesto de solidaridad» a las herencias que, excluida la vivienda habitual, superen el millón de euros. Sumar quiere también aumentar la fiscalidad de las rentas del capital y del trabajo para que «caminen progresivamente», así como incorporar un tramo más.
Sobre el IVA, que califica de «injusto», Díaz propone reducirlo en servicios de consumo general «como es la peluquería, la electricidad o el veterinario». También ha lanzado un guiño al sector cultural con la reducción de la fiscalidad para artistas.
La ministra de Trabajo ha señalado que hay «centros privados, como los del Opus Dei, que discriminan por sexos y se ven exentos del IVA». «Esto se tiene que acabar. Tenemos que acabar con la anomalía de que la religión católica y las distintas confesiones del Estado no tributan el IVA por razones conocidas», ha añadido.
En otro orden, Díaz pretende prohibir, con carácter temporal, la compra de vivienda en zona tensionada tensionada destinada a la especulación, esto es, «que no tengan fundamento de vivir en ellas», pero respetando «los derechos de cada región siempre y cuando hayan regulado la materia».
Al respecto, condicionará las ayudas públicas a la vivienda que se dan en las CCAA al «estricto cumplimiento de la ley de vivienda», a pesar de que se trata de una materia cuyas competencias están trasferidas.
Asimismo, la gallega adelanta que pedirá a la AIReF que realice un informe «señalando los déficits financieros de todas las Comunidades Autónomas para que podamos operar con la deuda en la misma».