Llegada de turistas al aeropuerto de Málaga
Colapso y alza de costes: el turismo estalla contra Marlaska por la 'zancadilla' del inminente registro de viajeros
El próximo 1 de octubre entra en vigor el Real Decreto 933/2021 que obliga a los hoteleros, las agencias de viajes, las empresas de alquiler de vehículos, los gestores de casas rurales y a aquellas plataformas digitales que se dedican a la intermediación a través de internet a facilitar al Ministerio del Interior datos de reservas y de alquiler de vehículos.
Estos datos oficiales no solo son los que aparecen en el DNI o en el pasaporte de los turistas, también se incluyen otros como los datos de la transacción (número de referencia, la fecha y las firmas), la fecha de reserva, de entrada y de salida, el establecimiento (tipo, denominación, dirección completa), número de viajeros, relación de parentesco y datos del pago (tipo, identificación del medio de pago, titular, fecha de caducidad y fecha del pago).
Los agentes turísticos tendrán que volcar toda esta información en una plataforma del Ministerio del Interior, que tal y como ha denunciado la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) en un comunicado, «no está plenamente operativa».
El sector turístico considera que es «inaceptable» que Interior haya tomado esta decisión «desoyendo sus advertencias», y critican que «esta medida provocará un colapso en el sector turístico y redunda sobre la incertidumbre jurídica, la imposibilidad de cumplimiento añade probabilidad de riesgos operativos y reputacionales para los sujetos obligados».
«Es absurdo»
Esta labor duplica la que tienen que hacer los hoteles, las empresas de reservas de coches o las agencias de viajes, porque no solo van a tener que facilitar los datos a la hora del check in, también tendrán que hacerlo en el momento de la reserva.
«A parte de un caos es absurdo», asegura Ramón Estalella, secretario general de CEHAT en declaraciones a El Debate. «Te obligan a dar datos que no tienes. Y a eso se le suma que un 40 % de las reservas se acaban cancelando o cambiando, por lo que se van a tener que hacer cientos de miles de modificaciones cada día», explica Estalella.
Además, el secretario de la Confederación ha criticado que España es el único país de la Unión Europea que tiene este registro de viajeros. Esto coloca al sector turístico en una «desventaja competitiva» dentro del mercado nacional y europeo.
Aumento de costes
Las agencias de viajes también han alzado la voz ante esta nueva norma, y critican que esta medida les abocará «a una situación grave de inseguridad jurídica por la imposibilidad objetiva de cumplir con la normativa».
Las gestiones obligan a ampliar horarios de trabajo o contratar a profesionales, algo que se traducirá en un incremento de los preciosGerente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV)
Una de las consecuencias de la aplicación de este registro sería el colapso de los medios administrativos de las agencias, porque en España en su mayoría son pymes y micropymes. «Las gestiones obligan a ampliar horarios de trabajo o contratar a profesionales, algo que se traducirá en un incremento de los precios», asegura Mercedes Tejero, gerente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV).
Otros efectos negativos son la imposibilidad de cumplir con los requerimientos de información en muchas operaciones en el plazo fijado por la norma y las sanciones a las que se enfrentarán a corto plazo un elevado número de agencias de viajes por aplicar incorrectamente las «confusas instrucciones» que recoge el Real Decreto.
Piden una moratoria
Las principales patronales de las agencias de viajes junto con el Consejo de Turismo de la CEOE han pedido la suspensión de la entrada en vigor de este registro.
En una carta difundida el pasado viernes, la entidad ha admitido su «profunda preocupación» y advierte de que la implementación de la norma podría tener consecuencias negativas para el sector turístico en España al tratarse de una norma de «imposible cumplimiento».
El Consejo de Turismo de la CEOE también ha instado a las autoridades competentes a tomar en consideración una serie de medidas, entre ellas la revisión del Decreto «para alinearlo con las normativas europeas sobre protección de datos y derechos fundamentales», así como su adecuación a la realidad operativa del sector turístico «evitando desventajas competitivas para las empresas españolas». Y han reiterado las razones por las que las agencias deben quedar excluidas.
La preocupación se extiende por Europa
Por otro lado, la preocupación que se está produciendo en España por parte de todo el sector turístico, más allá de las propias agencias de viajes y organismos como la CEOE, se está extendiendo en Europa.
En este sentido, en Bélgica y Países Bajos, por ejemplo, las agencias de viajes y operadores turísticos también están alarmados por la falta de claridad sobre cómo manejar la nueva información requerida y cómo se garantizará la privacidad de los turistas.
Desde Países Bajos critican las nuevas regulaciones señalando la falta de claridad y las preocupaciones sobre la protección de datos personales
Así, el portavoz de TUI, Piet Demeyere, considera «irrealista» implementar estos cambios tan rápidamente, ya que ni siquiera ninguno de los actores implicados tienen claro qué datos deben proporcionar.
Por su parte, el representante de la Asociación General de Empresas de Viajes de los Países Bajos (ANVR), Frank Radstake, critica las nuevas regulaciones, señalando la falta de claridad y las preocupaciones sobre la protección de datos personales.
El pasado jueves se conoció que las patronales turísticas europeas trasladaron mediante una carta al Gobierno español su «oposición, alarma y desconcierto» ante la inminente entrada en vigor del Real Decreto 933/2021, al considerar que elevará los costes al sector y se traducirá en un incremento del precio de las vacaciones.
