El PP ultima una propuesta de flexibilización de la jornada con un «banco de horas» para conciliar

La decisión de Alberto Núñez Feijóo de apostar por la implantación de una jornada laboral flexible para no afectar a la productividad ha provocado un encontronazo con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, partidario de mantener el statu quo.

Ayer lo señalaba el portavoz regional y hoy lo ha repetido la consejera de Economía: Madrid está en contra de una reducción de jornada en un país que «necesita competitividad y productividad». Eso sí, desde el Ejecutivo autonómico matizan que otra cosa es cómo las empresas distribuyan las horas y lo que acuerden en la negociación colectiva.

En realidad, estos argumentos no distan demasiado de la propuesta anunciada por Feijóo, pero sí sorprende la rotundidad del mensaje. El líder popular aseguró en Vanity Fair que «el objetivo debe ser trabajar cuatro días», siempre que «podamos tener la misma productividad de otros países del mundo», mientras que Isabel Díaz Ayuso ha mostrado su «total rechazo» en varias ocasiones.

De momento, el PP se ha desmarcado con el anuncio de una ley de conciliación que incluirá un «banco de horas» para que los trabajadores puedan elegir cómo las utilizan para conciliar. Así, la propuesta no se limita a las 37,5 horas que pretende el Ministerio de Trabajo, sino que se adaptaría el horario en función de las necesidades de la empresa y la plantilla.

Esta flexibilidad se desarrollaría a través de un acuerdo previo entre los sindicatos y la patronal, como se viene haciendo durante las negociaciones de los convenios colectivos y sectoriales. Es decir, como se viene haciendo hasta ahora.

El Gobierno regional, por su parte, aboga por dejar libertad a las empresas sobre la organización de sus jornadas «en el marco de su autonomía y salvaguardando la productividad de la economía española» en un discurso más cercano a la patronal, que ha señalado en varias ocasiones que la mayor parte de sectores ya ha reducido la jornada laboral en sus convenios y, en los que no, ha sido «porque simplemente no se puede».

Este mismo jueves, el presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Bonet, ha advertido que España «es un país de pymes» y estas «no se pueden permitir» la reducción de jornada.

Presión a los partidos

Lo cierto es que estas desavenencias en el seno del PP no llegan en el mejor momento. Precisamente hoy, los sindicatos han organizado concentraciones en todas las capitales de provincia para exigir a las formaciones que tomen partido ante la negativa de la patronal a aceptar la reducción. El líder de CCOO, Unai Sordo, ha asegurado que su sindicato está cerrando encuentros con distintas formaciones políticas, salvo Vox, para mediar acerca del asunto. «Yo no correría tanto ni daría por sentado que no hay votos para esto», ha comentado al respecto.

Por el momento, el Ministerio de Trabajo sigue negociando con los agentes sociales para intentar llegar a un acuerdo, aunque la situación se está enturbiando, paradójicamente, por parte de los representantes sindicales. Incluso el secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, destacó el «cambio de tono» de la CEOE tras la infructuosa reunión del pasado martes.

La patronal, por su parte, está dispuesta a negociar y ha exigido que les remitan la propuesta por escrito, aunque consideran que «ahonda en el desprecio de la negociación colectiva». Además, creen que esta reducción debería plantearse como recomendación a la hora de negociación de convenios y que el Gobierno debería compartir el coste de la reducción.

Los sindicatos, sin embargo, creen que la patronal está retrasando la firma del acuerdo a propósito y que no tiene intención real de negociar, y ya han dejado caer que las concentraciones de este jueves no van a ser las únicas. «Es una tomadura de pelo al marco del diálogo social», sostienen.

En cualquier caso, la situación del Ministerio que dirige Yolanda Díaz es complicada. La imposición sistemática de las subidas del SMI y las amenazas a una reducción unilateral de la jornada laboral, acabaron por caldear los ánimos de la patronal, que llegó a sugerir el cierre. Esta situación obligó a Economía a intervenir para reducir la tensión, pero a pesar de que las formas han cambiado, el Ministerio de Trabajo no está dispuesto a retrasar la aplicación de las 37,5 hora más allá de 2025.