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La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez

El Gobierno confirma su chantaje y reducirá la financiación a las regiones que no apliquen la ley de vivienda

Isabel Rodríguez asegura que Madrid ha recibido del Ejecutivo 2.000 millones desde 2018 para políticas de vivienda

A pesar de que las competencias de vivienda están trasferidas a las Comunidades Autónomas, el Gobierno está decidido en que todas las regiones pasen por el aro de la nueva ley de vivienda. La ministra del ramo, Isabel Rodríguez, ha asegurado que condicionará la financiación al cumplimiento del nuevo texto, que ha provocado un importante incremento del precio.

«Quien no aplique la ley de vivienda, no va a tener financiación del Gobierno central», ha advertido la titular de Vivienda en TVE. Según Rodríguez, desea «seguir apoyándolas económicamente», pero también que «pongan más presupuesto para esta finalidad». «Condicionaré la financiación a que efectivamente estén cumpliendo la ley», ha añadido.

La ministra, concretamente, ha puesto el ejemplo de Madrid, donde «miles de madrileños sufren por la insumisión a la ley» y que viven en una situación «insostenible socialmente». «Hay una herramienta que es la ley de vivienda que nos permite dar respuesta a esa situación y yo me comprometo a ayudar a la Comunidad de Madrid con más fondos, con más recursos para dar respuesta a esa situación», ha señalado.

Según sus datos, la Comunidad de Madrid ha recibido del Gobierno 2.000 millones de euros desde 2018 para políticas de vivienda y ha adelantado que el Gobierno trabaja en un plan estatal de vivienda que será muy diferente a los aprobados hasta ahora, porque la situación «no es la misma que se venía gestionando años atrás».

Esos planes han sido siempre un «apoyo» del Gobierno a las CCAA que ejercían esa competencia sin el amparo de una ley de vivienda, pero ahora el Tribunal Constitucional ha dicho que «el Estado es competente para garantizar la igualdad de los españoles en el acceso a la vivienda».

Por ello, «ahí donde se está produciendo una tensión (de precios de la vivienda) que está definida en la ley y que por un empeño partidario no se está cumpliendo, tendrá también sus consecuencias».

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