Una derrota judicial de España en EE. UU. anticipa una cascada de embargos por la gestión de Teresa Ribera

La justicia americana rechaza los argumentos de España en el largo y prolijo camino legal por la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables. Un tribunal federal de los Estados Unidos ha autorizado la ejecución de un laudo arbitral en favor de una de las compañías afectadas, lo que, según fuentes de las empresas demandantes, anticipa una cascada de nuevos embargos a bienes españoles en el extranjero.

En la decisión, que afecta a la reclamación de la japonesa JGC Corporation, la Corte de Distrito de Estados Unidos ha rechazado las alegaciones del Gobierno español en los que se argumentaba que el tribunal arbitral carece de jurisdicción y su incompatibilidad con la legislación de la Unión Europea.

«Con el fallo del caso JGC, se refuerza la capacidad de los inversores afectados para hacer valer sus derechos en suelo estadounidense y se abre la puerta a nuevos procedimientos de embargo similares a los que ya afectan a España en Bélgica y Reino Unido», trasladan desde la representación legal de las empresas demandantes, que suman cerca de medio centenar a nivel internacional.

De confirmarse, sería un duro varapalo a la estrategia de Teresa Ribera y el actual gobierno español, que han optado por impagar los laudos contrarios a los intereses españoles, lo que ha llevado a España a situarse como el país con mayor número de laudos impagados a nivel internacional, por delante de Venezuela y Rusia. Fuentes del sector cifran en 1.880 millones de euros el importe total adeudado, incluyendo los intereses de demora y condenas en costas impuestas.

La situación se remonta a la época de José Luis Rodríguez Zapatero, que en plena crisis económica optó por recortar de forma retroactiva las jugosas primas que su propio gobierno ofrecía por invertir en energías renovables. Un recorte en el que posteriormente profundizaría la reforma del sector ejecutada por el gobierno de Mariano Rajoy en 2012.

La principal consecuencia ha sido una catarata de reclamaciones arbitrales en los tribunales internacionales, que en algunos casos ha derivado en el embargo de bienes españoles como la sede del Instituto Cervantes en Londres.

Además del caso que afecta a JGC, hay otras 25 laudos que condenan a España y siguen pendientes de pago. En total, las obligaciones ascienden a 1.562 millones en concepto de indemnizaciones, y de otros 321 millones de sobrecostes derivados de los intereses de demora y las condenas en costas.