Los acreedores abren un proceso de default contra España por las ayudas disparadas de Zapatero
Los tribunales británicos ya han autorizado en otras ocasiones el embargo de bienes españoles en el extranjero
Los impagos de las indemnizaciones por la retirada de las ayudas a las renovables –una herencia envenenada del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero– ha convertido a España en un paria internacional. Ahora los acreedores han advertido al Ejecutivo que van a poner en marcha un procedimiento de default técnico ante la negativa continuada de la Administración a hacer frente a esas deudas.
La decisión ha venido encabezada por Blasket Renewable Investments, firma titular del caso Infrared y propietaria de un bono de deuda de unos 240 millones de euros que vence en 2029.
La firma con sede en Delaware ya remitió una carta al Gobierno el pasado año, que no recibió respuesta, por lo que ahora ha enviado una notificación prejudicial como antesala de un procedimiento de ejecución legal que se iniciará este verano en tribunales de Inglaterra y Gales.
En caso de que estos tribunales den la razón a los acreedores, España tendría que hacer frente a deudas por valor de 1.560 millones que podrían ser satisfechas a través de los embargos de los bienes del país en el extranjero.
De hecho, la Justicia británica ha autorizado en otras ocasiones esta medida de compensación, como ocurrió con la sede del Instituto Cervantes, una de las ‘embajadas’ catalanas en Londres, el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas o el derecho de cobro de la indemnización del Prestige, valorado en 900 millones de euros.
El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero ofreció generosos subsidios a las empresas extranjeras para fomentar el desarrollo de las energías renovables, pero estas ayudas fueron recortadas en 2013 por Mariano Rajoy, provocando una oleada de denuncias de los fondos de inversión.
Sin embargo, España lleva años negándose a pagar estos laudos acogiéndose a que el Tratado de la Carta de Energía no obliga a la resolución por la vía del arbitraje y que los organismos de la UE prohíben el pago.
Muchos expertos señalan que la reputación de nuestro país está en juego. La UE calcula que, a finales de esta década, el mercado mundial de tecnologías limpias tendrá un valor de 600.000 millones de euros año. Mientras que China y Estados Unidos han ido ganando terreno en materia de renovables, la UE ha colocado a tres de sus miembros en la lista de incumplidores de las resoluciones arbitrales.
