El «Gran Hermano» turístico de Marlaska: por qué el sector ha estallado contra Interior

El pasado 1 de octubre estaba previsto que entrase en vigor el Real Decreto 933/2021. El texto obliga a los hoteleros, las agencias de viajes, las empresas de alquiler de vehículos, los gestores de casas rurales y a aquellas plataformas digitales que se dedican a la intermediación a través de internet a facilitar al Ministerio del Interior datos de reservas y de alquiler de vehículos, pero Interior lo volvió a posponer una vez más, esta vez al 2 de diciembre.

El motivo de este nuevo retraso respondía a razones técnicas para dar mayor tiempo de adaptación a la nueva normativa. Algo que supuso un alivio para las compañías del sector turístico, que habían mostrado durante estos meses su oposición y disconformidad por la aprobación de esta normativa.

En concreto, entre las críticas más pronunciadas estaban su posible incompatibilidad con el reglamento de la Unión Europea, unido a que su aprobación generaría inseguridad jurídica e imposibilidad de cumplimiento, desventaja competitiva en el mercado nacional y europeo, falta de adecuación tecnológica y carga administrativa desproporcionada para las empresas, ya que el 95 % del núcleo del sector son pymes. Además, según los distintos agentes turísticos se estaba «vulnerando la privacidad y la seguridad de los viajeros».

La normativa obliga a facilitar datos oficiales que no son los que aparecen en el DNI o en el pasaporte de los turistas, también se incluyen otros como los datos de la transacción (número de referencia, la fecha y las firmas), la fecha de reserva, de entrada y de salida, el establecimiento (tipo, denominación, dirección completa), número de viajeros, relación de parentesco y datos del pago (tipo, identificación del medio de pago, titular, fecha de caducidad y fecha del pago).

Los diferentes agentes del sector turístico tendrán que triplicar el número de datos de los que se informa: más de 40

En total, los hoteles tendrán que informar de 43 datos, tanto del establecimiento como del cliente; los alojamientos turísticos de particulares tendrán que facilitar 41; las empresas de alquiler de vehículos 64 –una cifra que se incrementa en el caso de que haya más de un conductor–; y las agencias de viajes información de los clientes, los hoteles en los que se alojen e incluso de los vehículos que alquilen a través de ellos.

Ese mismo martes 1 de octubre, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ese Real Decreto pasó todos los informes «pertinentes» y que organismos, como el Consejo de Estado, no hicieron «ninguna observación» al respecto.

«Esta normativa estudió, valoró y tuvo en consideración todos los intereses, tanto el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, como también la necesidad de proteger la seguridad del conjunto de los ciudadanos», añadió en su intervención.

Asimismo, Marlaska destacó la labor de coordinación de Interior con los ministerios competentes al respecto y, también, con las compañías y todos los obligados al cumplimiento para que su actuación y cumplimentación sea «efectiva y real», y que garantizase la privacidad y la seguridad.

Este viernes 4 de octubre Interior se volvió a reunir con los representantes del sector turístico. En ella ha habido un acercamiento, según informan fuentes de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) y se ha llegado a un consenso en tres puntos.

Interior elaborará una Orden Ministerial donde se definirá la ejecución de este reglamento, «asegurando la seguridad jurídica de todo el sector»

El primero es que no se concederán más prórrogas para la adaptación, por lo que la aplicación del registro de viajeros será definitiva a partir del 2 de diciembre de 2024. También se recoge otro compromiso muy celebrado por el sector, sobre todo por las agencias de viajes: no se solicitarán datos adicionales. Según una nota de prensa difundida por la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), «el criterio que se adoptará, por el momento, es el de no exigir a los sujetos obligados por dicha normativa ningún dato de los que constan en los Anexos de dicho Real Decreto que no se esté recabando ya en la actualidad».

El último punto es que esto se hará a partir de una orden ministerial donde se definirá la ejecución de este reglamento. Eso sí, se ha avanzado que este sería un proceso largo y se ha señalado que, si se acabara aprobando, en ningún caso sería antes de la entrada en aplicación del reglamento.

¿Esto significa que Interior ha reculado? Desde la patronal de las agencias de viajes consideran que esto no es así y que es solo avanzar en un compromiso al que ya se había llegado hace tiempo. Por su parte, desde las patronales hoteleras consideran que «esta orden ministerial solo servirá para facilitar la implementación de la normativa, asegurando la seguridad jurídica de todo el sector».