El 1,5 millones de españoles que depende del seguro de Muface, pendiente de que el Gobierno recapacite

El presidente de CSIF, Miguel Borra, acusa al Gobierno de querer acabar con el concierto de sanidad de empleados públicos Muface y pide al Ejecutivo recapacitar de cara a la próxima reunión que se celebre entre el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y las aseguradoras para acordar las nuevas condiciones del servicio.

«Espero que el Gobierno haya recapacitado», ha indicado Borra en una entrevista en el canal 24 horas recogida por Europa Press. Ha explicado que el 14 % que el Gobierno ha ofrecido de prima para los próximos dos años del servicio no es una mejora, ya que la propuesta del Ejecutivo es inferior a la subida del 24 % que ha deslizado Muface en los últimos días y se aleja del incremento del 40 % que pedían las aseguradoras.

El Gobierno ha puesto sobre la mesa una subida de la prima del 14 % para los próximos dos años para el concierto sanitario Muface, un incremento que desde las tres aseguradores que actualmente prestan asistencia sanitaria a los funcionarios dentro del concierto -Adeslas, Asisa y DKV- han calificado de «totalmente insuficiente», ya que supondría a las aseguradoras unas pérdidas de 200 millones de euros cada año.

La licitación del servicio que presta Muface vence este año, por lo que el Gobierno tiene unos tres meses para sacar a concurso la licitación y que esta esté operativa a partir del año que viene. Actualmente, la Mutualidad da cobertura a 1,5 millones de personas, entre los funcionarios y sus familias beneficiadas.

«El Gobierno tiene la obligación de sentarse y tiene la obligación de prestar la asistencia sanitaria a ese millón y medio de personas, entre titulares y beneficiarios, que en estos momentos están en el modelo de Muface, aseguradora privada», ha recalcado Borra.

Pérdidas de 15.000 trabajos en la sanidad privada

En esta línea, el presidente de CSIF ha avisado de que desmantelar este servicio de sanidad para trabajadores del sector público supondría la pérdida de 15.000 puestos de trabajo en la sanidad privada y más presión sobre el sistema de salud público, que no podría asumir los 1,5 millones de funcionarios y familiares beneficiados por Muface.

De igual manera, ha avisado de que esta presión se sentiría de forma desigual por territorios, de manera que Castilla la Mancha, Castilla y León o Extremadura serían las autonomías que se verían más perjudicadas si no hay más fondos o si esto se desmantela.

«Hay provincias y comunidades autónomas que verían agravado todavía más el problema, es decir, sobre todo en los ámbitos pequeños, podríamos añadir, por ejemplo, Ávila, Teruel o Huesca, donde se vería todavía más difícil el poder asumir ese nuevo volumen de empleados públicos que se pasarían al Sistema Nacional de Salud», ha avisado.