La sencilla fórmula que facilitaría el desalojo exprés de los okupas al agilizar el trabajo de la Policía

Una sencilla modificación legal podría ponérselo muy difícil a los okupas. Así lo consideran desde la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), organismo que aboga por que todos los contratos de arrendamiento tengan que formalizarse obligatoriamente por escrito, lo que permitiría su inscripción obligatoria en un Registro Público de Arrendamientos, para impedir la ocupación ilegal de viviendas.

De este modo, cualquier contrato no inscrito se consideraría simulado, lo que impediría que los «okupas» se ampararan en falsos contratos, tickets u otros mecanismos para justificar su presencia en las viviendas.

Para ello, propone modificar el artículo 37 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que actualmente permite que los contratos de arrendamiento de vivienda puedan celebrarse de forma verbal, apunta en un comunicado.

Esta medida, señala su consejero delegado, José Ramón Zurdo, proporcionaría a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado un mecanismo ágil para actuar sin demora, ya que, al solicitar los títulos de posesión a los «okupas», y al no estar inscritos en el registro, se les podría desalojar sin necesidad de largos procesos judiciales

En opinión de la ANA, parte de la responsabilidad en el agravamiento de este problema recae en los políticos al haber implementado procedimientos excesivamente lentos para el desalojo de los «okupas».

A este respecto, se refiere a la Ley de Vivienda, que exige a los arrendadores, al presentar una demanda, tener que probar que la vivienda ocupada es la residencia habitual de los okupas y que los propietarios no son grandes tenedores de inmuebles.

Estos requisitos se complican aún más para los grandes tenedores, quienes deben además demostrar la vulnerabilidad de los ocupantes y haber intentado previamente un proceso de conciliación antes de iniciar cualquier acción judicial, lamenta Zurdo.