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17 de septiembre de 2024

Giorgia Meloni, presidenta de turno del G7, coordinó la reunión del grupo por videollamada

Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros de ItaliaAFP

Meloni endurecerá con penas de hasta siete años la ocupación ilegal de viviendas

Esta nueva normativa facilitará la devolución de los domicilios a sus correspondientes dueños

El Parlamento de Italia dio un golpe sobre la mesa este miércoles con el objetivo de poner punto y final a la okupación que asola al país. En concreto, la Cámara de Diputados endureció el delito por la «okupación arbitraria de un inmueble destinado al domicilio de otros», por el que se podrá imponer condenas de cárcel. Esta nueva normativa, que viene fraguando el Ejecutivo de Meloni a fuego lento desde hace meses, establece penas de entre dos y siete años de cárcel para los okupas, al mismo tiempo que se facilitará la devolución de los domicilios a sus correspondientes dueños.

Y es que desde que Meloni diera a conocer esta medida en noviembre del año pasado, la postura de la oposición ha permanecido enrocada en la negativa, hasta tal punto de calificar la normativa como «superflua», hecha «sólo para los titulares de periódico».

Independientemente de las constantes críticas por parte de la oposición, la medida también permitirá acelerar el proceso de intervención y desalojo de los okupas de las viviendas por parte de la Policía.

De igual manera, el nuevo artículo impone «pena privativa de libertad» para «quien, mediante violencia o amenazas, ocupe o posea un bien destinado a vivienda ajena», y que «impida al dueño o persona que legítimamente la posea regresar» a ese inmueble.

Se establece un proceso de emergencia destinado a permitir a las fuerzas policiales desalojar de forma rápida las propiedadesAndrea PelliciniDiputado de Hermanos de Italia

Según Andrea Pellicini, diputado del partido de Meloni que lidera la coalición, Hermanos de Italia, esta normativa supone un paso más «que sanciona severamente las conductas odiosas y viles de quienes ocupan arrogantemente casas ajenas».

A su vez, destacó que «se establece un proceso de emergencia destinado a permitir a las fuerzas policiales desalojar de forma rápida las propiedades y devolverlas a sus titulares».

A la otra cara de la moneda se encuentra Marco Lacarra, diputado del principal partido opositor, el centro-izquierdista Partido Demócrata. Lacarra, uno de los principales críticos hacia la medida, aseguró que la nueva legislación puede acarrear problemas para las personas que residen en viviendas por las que no puedan pagar el alquiler por motivos como la pérdida de trabajo.

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