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La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.EP

El Gobierno veta una ley del PP con rebajas fiscales al IVA de los alimentos, la electricidad y el gas

Veta la proposición por suponer un recorte de ingresos de casi 4.000 millones de euros

El Gobierno ha vetado una proposición de ley que el PP presentó en el Congreso para rebajar varios impuestos, entre ellos el IVA de alimentos, la electricidad y el gas, por suponer un recorte de ingresos de casi 4.000 millones a las arcas públicas.

Acogiéndose al poder de veto por motivos presupuestarios que tiene reconocido en la Constitución, el Ejecutivo ha esgrimido que la proposición de ley que presentó el Grupo Popular de medidas tributarias, de financiación y de apoyo a las familias ante la ausencia de Presupuestos Generales supondría una pérdida de ingresos de 3.860 millones de euros, según consta en el escrito de disconformidad que el Gobierno ha remitido a la Cámara Baja y al que ha accedido Europa Press.

La norma constaba de siete artículos y una disposición adicional que incluían un amplio paquete de medidas tributarias para el ejercicio de 2025. El primero de ellos proponía para todo este año un IVA del 2 % en los alimentos básicos y del 7,5 % para aceites de semillas y pastas alimenticias. El Gobierno explica que la aprobación de esta medida supondría una pérdida de recaudación para la Administración del Estado estimada en 692 millones de euros.

Otro de los artículos incluía medidas fiscales para rebajar el recibo de la electricidad, reduciendo el IVA de la electricidad y el gas y suprimiendo el impuesto a la generación eléctrica. Sin embargo, el Gobierno ha señalado que eliminar ese impuesto supondría una merma recaudatoria de 1.500 millones, mientras que bajar el IVA a la electricidad, el gas, la madera y los pellets supone un recorte de 386 millones.

La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo incluyó otro artículo para dejar exento de IRPF a las personas que perciben el salario mínimo, pero el Ejecutivo dice que esa medida tendría un impacto en las cuentas públicas de 1.282 millones de euros y por eso no se puede admitir a trámite.

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